Este año entrarán en vigor dos nuevas leyes diseñadas para proteger a los consumidores de California: tomar medidas enérgicas contra las suscripciones difíciles de cancelar y ciertos tipos de comisiones bancarias.
El proyecto de ley 2863 de la Asamblea, que entrará en vigor el 1 de julio, exigirá que los servicios de suscripción sean tan fáciles de cancelar como de iniciar sesión.
Robert Herrell, director ejecutivo de la Federación de Consumidores de California, dijo que en este momento cancelar una suscripción recurrente puede ser una pesadilla que requiere mucho tiempo.
“Y eso no es un error en el sistema. Es una característica de esos sistemas”, dijo Herrell. “Muchas empresas saben que si te ponen muy difícil cancelar, la gente simplemente se dará por vencida o se olvidará, o lo que sea”.
La nueva ley Click or Call to Cancel también exige que las empresas recuerden a los clientes una vez al año que la suscripción está activa.
La Comisión Federal de Comercio acaba de aprobar una norma nacional similar, que ya está siendo impugnada ante los tribunales.
No está claro si la nueva mayoría republicana impugnará la regulación en virtud de la Ley de Revisión del Congreso.
Una segunda ley, que entró en vigor el 1 de enero, prohíbe a los bancos y cooperativas de crédito autorizados por el estado cobrar tarifas por fondos insuficientes, en los casos en que la tarjeta fue rechazada y la venta nunca se realizó.
Herrell señaló que los datos estatales muestran que estas tarifas NSF, que pueden ser de hasta $40 cada una, son muy lucrativas para las instituciones financieras.
“Un número alarmante de cooperativas de crédito autorizadas por el estado son absolutamente adictas a este flujo de ingresos”, dijo Herrell. “Y lo que eso significa es que se están beneficiando directamente de las espaldas de la gente pobre de clase trabajadora, porque eso es lo que muestran abrumadoramente los datos sobre quién paga el NSF”.
Más buenas noticias: a partir de febrero, más instituciones financieras deberán registrarse ante el Estado y presentar datos para su seguimiento.
Estas incluyen empresas que ofrecen liquidación de deudas, alivio de deudas estudiantiles, financiación de educación postsecundaria privada y adelantos en efectivo basados en los ingresos.
