Wayne Unger
The Conversation
Un juez federal ordenó a la administración de Trump que restableciera temporalmente el acceso de los periodistas a la Casa Blanca el 24 de septiembre de 2026. Al igual que lo había hecho en un caso similar en 2018, el juez federal de distrito Timothy Kelly determinó que la revocación de las acreditaciones de prensa de los reporteros probablemente violaba su derecho al debido proceso, consagrado en la Quinta Enmienda.
Su decisión se produce apenas unos días después de que el presidente Donald Trump revocara las acreditaciones de CNN, MS NOW y Politico, alegando “¡Su constante ‘diffusión’ de NOTICIAS FALSAS!».
En las redes sociales, Trump publicó: “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIÓN y MENTIRAS cuando cubren las noticias sobre el presidente”.
Este no fue el primer intento de Trump de prohibir el acceso de periodistas a la Casa Blanca. Durante su primer mandato, intentó prohibirle el acceso a Jim Acosta, de CNN, al revocar su credencial tras una polémica conferencia de prensa sobre las elecciones intermedias de 2018.
En ese conflicto, CNN presentó una demanda en la que argumentaba que “si no se les hace frente, las acciones de la Casa Blanca generarían un peligroso efecto disuasivo para cualquier periodista que cubra la labor de nuestros funcionarios electos”.
Las organizaciones periodísticas también reaccionaron. El Comité para la Protección de los Periodistas, la Asociación de Noticias Digitales de Radio y Televisión e incluso los colegas de Acosta en The Daily Caller, un medio de comunicación de tendencia conservadora, condenaron la medida de la Casa Blanca.
En ese momento, Kelly concedió a CNN una medida cautelar, con lo que se restableció el pase de prensa de Acosta. Posteriormente, el gobierno de Trump restableció las credenciales de Acosta y CNN retiró su demanda.
Muchos comentaristas y miembros de la prensa han calificado la última prohibición de Trump contra las tres organizaciones de noticias como una violación de la Primera Enmienda.
La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, dijo en X que revocar el acceso a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico “viola la Primera Enmienda”.
Incluso Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington, quien apoya firmemente a los republicanos y critica con frecuencia a la prensa, dijo en X que la prohibición “sería un ataque a los principios de libertad de prensa que se han respetado desde hace mucho tiempo”.
Como han señalado Turley y muchos otros, la prohibición de Trump es casi con toda seguridad inconstitucional a la luz de la Primera Enmienda, que establece que “el Congreso no promulgará ninguna ley […] que coarte la libertad de expresión o de prensa”. El profesor de derecho de los medios de comunicación Frank LoMonte afirmó en 2018: “La Primera Enmienda garantiza a todos los estadounidenses la libertad de expresarse y publicar sin interferencia del gobierno”.
Pero tal vez estén pasando por alto un punto crucial. De hecho, en un caso como este están en juego más de un derecho constitucional. Kelly, un juez designado por Trump, basó principalmente su fallo de 2018 en los derechos del reportero al debido proceso, amparados por la Quinta Enmienda, y no en la Primera Enmienda. Volvió a invocar el debido proceso al ordenar que se restableciera temporalmente el acceso a CNN, MS NOW y Politico.
Desde mi punto de vista como profesor de derecho constitucional, no está tan claro si la prensa tiene un derecho constitucional de acceso a la Casa Blanca, aunque los presidentes anteriores hayan reconocido y respetado el acceso de la prensa al poder ejecutivo.
Si bien varios casos de la Corte Suprema, como el de Richmond Newspapers contra Virginia, otorgan de manera inequívoca a la prensa el derecho de acceso a los juicios penales, no existe ningún precedente de la Corte Suprema que establezca específicamente un derecho constitucional claro de acceso a la Casa Blanca.
Que sean dos derechos constitucionales
En un caso de 1977, Sherrill contra Knight, a Robert Sherrill, corresponsal en Washington de la revista The Nation, se le negó una credencial de prensa, después de haberla tenido durante varios años, porque el Servicio Secreto recomendó que no se le otorgara. El Servicio Secreto se negó a revelar sus motivos.
Sherrill presentó una demanda, y la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C., concluyó que el Servicio Secreto no puede denegar un pase de prensa para la Casa Blanca a menos que existan “criterios estrictos y específicos según los cuales se evalúen las solicitudes”.
El tribunal exigió a la Casa Blanca que proporcionara a la prensa “una notificación de los fundamentos fácticos de la denegación, la oportunidad de que (ellos) respondieran a los mismos y una declaración final por escrito de las razones de la denegación (de un pase de prensa)”.
En opinión del tribunal, estos requisitos, la notificación y la oportunidad de refutar los fundamentos para la denegación de una credencial de prensa, están protegidos por dos garantías constitucionales que actúan de manera conjunta: las protecciones a la prensa contempladas en la Primera Enmienda y las protecciones de la Quinta Enmienda contra la privación arbitraria de “la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal”.
En otras palabras, antes de que el gobierno federal pueda privar a una persona de su vida, su libertad o sus bienes, debe garantizarle el debido proceso, cuyo propósito, según se acepta ampliamente, es evitar las “acciones arbitrarias del gobierno”.
El debido proceso es fundamental
Existen varias resoluciones judiciales relacionadas con la última demanda presentada por los periodistas el 21 de septiembre de 2026.
Entre ellos se encuentra el caso Mathews v. Eldridge de 1976, en el que la Corte Suprema afirmó que el debido proceso es flexible según el alcance del interés relacionado con la libertad o la propiedad que esté en juego. Sin embargo, en general, según los magistrados, el debido proceso exige que el gobierno notifique a la persona y le brinde la oportunidad de presentar su caso antes de que se produzca la privación.
En el caso Sherrill contra Knight, de 1977, el tribunal dictaminó que la denegación de una credencial de prensa afectaba un derecho a la libertad protegido por la Primera Enmienda. Ese derecho, según señaló el tribunal, “sin duda constituye una libertad que no puede ser denegada sin el debido proceso legal, conforme a la Quinta Enmienda”.
Este matiz, la combinación de la Primera y la Quinta Enmienda, es lo que la mayoría de los comentaristas y críticos están pasando por alto en su respuesta a la reciente prohibición de CNN, MS NOW y Politico. De hecho, estos medios, en conjunto, sostienen que la administración de Trump violó su derecho al debido proceso, garantizado por la Quinta Enmienda, en la demanda que interpusieron para bloquear la prohibición de Trump.
“Aunque asistir a un evento en la Casa Blanca no sea un derecho garantizado por la Constitución, eso no significa que el gobierno tenga libertad para privarnos de él a modo de castigo”, argumentó LoMonte en 2018.
Según el fallo de Kelly, la administración de Trump no proporcionó a CNN, MS NOW ni Politico una notificación por escrito en la que se expusieran los motivos de la revocación de sus credenciales de prensa antes de retirárselas. Y, en mi opinión, ciertamente tampoco les dio a estos medios la oportunidad de refutar la afirmación infundada de Trump de que informan sobre “FICCIÓN y MENTIRAS”.
Wayne Unger es profesor asociado de Derecho en la Universidad de Quinnipiac.
