A pesar de las objeciones de legisladores locales, estatales y federales de Texas, así como de grupos ecologistas, la administración Trump sigue adelante con sus planes de construir un muro fronterizo en la zona de Big Bend, en el oeste de Texas.
El mapa más reciente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. indica que se construirán segmentos de muro de 30 pies de altura en dos sectores del Parque Estatal Big Bend Ranch. Dave Cortez, del capítulo Lone Star del Sierra Club, dijo que residentes de la zona han dejado de lado sus diferencias políticas para oponerse a la construcción.
“Si tomamos los condados de Brewster y Presidio, así como los demás condados de Big Bend, vemos que los sheriffs y otros grupos de seguridad locales se han pronunciado diciendo: ‘No necesitamos esto. Facilítennos más tecnología aérea, no acero clavado en el suelo’”, expresó Cortez. “Sin embargo, el proyecto sigue adelante”.
La administración Trump afirma que los cambios son necesarios para combatir la inmigración ilegal. Las estadísticas más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indican que el año pasado se produjeron menos de 3.100 cruces ilegales en la zona. Cortez anima a los tejanos a instar al gobernador Greg Abbott y a los miembros del Congreso a oponerse a los proyectos.
El Departamento de Seguridad Nacional eximió recientemente del cumplimiento de docenas de leyes federales de preservación ambiental para permitir que las obras avancen. Los planes para la zona han cambiado en múltiples ocasiones durante los últimos meses. Cortez agrega que los funcionarios electos locales y los residentes no tienen claro qué está sucediendo.
“Debemos examinar el hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional esté adjudicando contratos multimillonarios a donantes del Partido Republicano y preguntarnos: ¿por qué sucede esto así? ¿Por qué se está desembolsando este dinero tan rápidamente y se están dispensando las normativas legales?,” insistió además Cortez.
La zona es un importante motor económico para el estado. El condado de Presidio y varios grupos defensores han demandado al gobierno federal a raíz de estas propuestas. Cortez enfatiza que el impacto ambiental de los muros, las carreteras y las vallas será devastador tanto para el medio ambiente como para las personas.
“Es un desplazamiento generacional de la vida silvestre, del hábitat y de tierras que han sido gestionadas y cultivadas por familias durante cientos de años”, añadió.
