Las encuestas indican que a la mayoría de los estadounidenses no les gusta la forma en que se aplica actualmente la ley de inmigración. Aun así, los republicanos del Congreso quieren destinar 70 mil millones de dólares adicionales a esas operaciones, mientras que las reformas propuestas están en el aire, lo que preocupa a los sindicatos de California.
El Partido Republicano se ha resistido a las peticiones de exigir a los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza que no usen cubrebocas, que lleven identificación y cámaras corporales, y que obtengan una orden judicial antes de entrar en propiedades privadas.
James Early, especialista en medios de comunicación del Hospital Estatal de Coalinga y delegado sindical del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Local 1000, afirmó que las redadas de ICE del verano pasado fueron crueles.
“La forma en que una nación hace cumplir sus leyes es tan importante como las propias leyes”, afirmó Early. “Ver a una agencia federal actuando con máscaras no es el tipo de fuerza policial que quiero. Ese no es el Estados Unidos que quiero. Para mí, eso no es libertad. Eso es opresión”.
La manifestación de Washington también protestó contra los recortes a Medicaid incluidos en una ley fiscal y de políticas impulsada por los republicanos el verano pasado. La administración Trump destinó parte de los ahorros a la aplicación de las leyes de inmigración, alegando que es necesario para defender el estado de derecho. El proyecto de ley de reconciliación de la Cámara de Representantes solo requiere una mayoría simple, lo que significa que podría aprobarse sin los votos de los demócratas.
Una encuesta reciente de Fox News reveló que el 54 % de los estadounidenses desaprueba la gestión del gobierno en materia de inmigración.
En California, Medicaid se conoce como Medi-Cal. A Early le preocupa que los recortes afecten a su sobrina, quien tiene necesidades especiales y depende del programa para poder seguir viviendo en la comunidad.
“Cuando aprobaron el proyecto de ley HR1, una de las primeras cosas que hizo mi hermano fue ponerse en contacto conmigo y decirme: ‘No sé qué hacer, porque acabo de recibir un aviso de que sus prestaciones se verán afectadas por la HR1’”, relató Early.
El proyecto de ley de reconciliación se encuentra actualmente estancado en el Senado debido a las objeciones a la solicitud del presidente de destinar casi 1.800 millones de dólares a un fondo destinado a indemnizar a las personas que consideran que han sido procesadas injustamente por el Departamento de Justicia, incluidos los participantes en los disturbios del 6 de enero.
