Mikhail Zinshteyn and Cayla Mihalovich
CalMatters
El fiscal general Rob Bonta presentó el lunes 18 de agosto la 39.ª demanda de California contra la administración Trump , impugnando los nuevos requisitos de aplicación de la ley migratoria que impuso a la financiación federal para las víctimas de delitos.
Se esperaba que los estados recibieran más de 1200 millones de dólares en fondos federales para víctimas de delitos este año, y se esperaba que California solicitara 165 millones. Sin embargo, el mes pasado, la Oficina de Víctimas de Delitos del Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que los estados deben comprometerse a apoyar y asistir al Departamento de Seguridad Nacional en la aplicación de las leyes migratorias federales para acceder a dichos fondos.
Algunos estados consideran que esta condición es inaceptable, y la posible pérdida de fondos podría ser el segundo golpe significativo este año de la administración Trump a los programas californianos que apoyan a las víctimas de delitos. A principios de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. recortó drásticamente las subvenciones para programas de prevención de la violencia y servicios a las víctimas, inicialmente valoradas en 811 millones de dólares. Solo en California, el departamento recortó poco más de 80 millones de dólares.
“El Congreso nunca ha impuesto condiciones de control migratorio civil a esta financiación porque no tiene nada que ver con la inmigración. Esto es un abuso descarado del poder presidencial”, declaró Bonta en una conferencia de prensa el lunes sobre la última demanda.
California y otros 20 estados demandaron a la administración Trump por el posible recorte en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para Rhode Island. Los estados buscan que los tribunales impidan que el Departamento de Justicia implemente las nuevas normas.
La financiación disputada para las víctimas de delitos financia gastos como refugio de emergencia, asistencia médica en caso de agresión sexual, compensación por salarios perdidos y gastos funerarios.
La demanda alega que la administración Trump viola la Constitución de Estados Unidos al eludir al Congreso en cuanto a la financiación de un programa que creó. También alega que la administración Trump violó la Ley de Procedimiento Administrativo, ley objeto de la mayoría de las demandas que California ha presentado contra la Casa Blanca. Esta ley establece que una agencia federal debe seguir los procedimientos y explicar sus razones para cambiar una política.
Los estados alegan que el Departamento de Justicia “se basó arbitrariamente en factores relacionados con la inmigración que el Congreso no le autorizó a tener en cuenta al asignar fondos de subvenciones federales para apoyar a las víctimas”.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, declaró durante la conferencia de prensa que las nuevas normas del Departamento de Justicia contradicen sus valores. Puso el ejemplo de un menor víctima de agresión sexual que fue entrevistado en un centro de defensa infantil. “Una pregunta que no debería hacerse es si ese menor se encuentra en este país legal o ilegalmente”, afirmó.
El fondo de la ley contra el delito fue promulgado por el presidente Ronald Reagan en 1984. La ley surgió tras un informe del Grupo de Trabajo sobre Víctimas del Delito de Reagan de 1982, que afirmaba que la “negligencia hacia las víctimas del delito es una vergüenza nacional”, según la demanda del lunes. Entre las recomendaciones del informe se encontraba “promulgar legislación para proporcionar fondos federales a los programas estatales de compensación a las víctimas del delito”.
En mayo, California presentó otras dos demandas contra la administración Trump por vincular la aplicación de leyes migratorias con el financiamiento del transporte y la lucha contra el terrorismo, lo que afectó miles de millones de dólares en apoyo federal.
Cayla Mihalovich es becaria de California Local News.
