A principios de este verano, San Marcos se convirtió en la primera ciudad de Texas en prohibir los centros de datos, y varios otros municipios del estado están debatiendo formas de frenar la construcción de estas instalaciones. El Concejo Municipal de Fort Worth votará el 25 de agosto sobre una moratoria de 90 días para los centros de datos. El concejo aprobó recientemente un proyecto de desarrollo para Black Mountain Energy en la zona sureste de la ciudad. Rogelio Meixueiro, de GreenLatinos, informa que más adelante esta semana se llevará a cabo una sesión de escucha para los residentes de esa comunidad.
“Sabemos que una moratoria tiene sus propias lagunas y defectos. Esto puede servir como una forma de decirle a la gente el problema, cómo les afectará y luego también decirles cuál es la acción que podemos tomar para mitigar el daño”, dijo Meixueiro.
Los residentes y negocios de la zona han expresado su preocupación por la contaminación y la presión que un centro de datos supondría para los servicios públicos locales. Black Mountain afirma que el centro de datos aportará 30 millones de dólares en ingresos fiscales a la ciudad y creará cientos de empleos. La reunión se celebrará el jueves 27 de agosto, de 18:30 a 20:00 horas, en el Centro Comunitario Eugene McCray.
A principios de este mes, el gobernador Greg Abbott estableció una moratoria para los centros de datos en comunidades rurales. Las empresas deben comprometerse a reutilizar su propia agua, reducir las tarifas eléctricas en Texas y no perturbar las zonas residenciales. Sin embargo, Meixueiro explica que la moratoria no es suficiente.
“Lo que más estamos destacando es el hecho de que la prohibición se aplica únicamente a las zonas rurales. Esto profundiza la brecha entre las comunidades rurales y las comunidades urbanas de color, así como entre los propietarios de tierras y quienes alquilan frente a quienes son dueños de sus viviendas”, insistió el entrevistado.
Varias empresas han accedido a cumplir con las exigencias del gobernador, pero Meixueiro argumenta que les preocupan los efectos y las consecuencias a largo plazo de la industria.
“Es difícil regular algo que desconocemos y esto es algo que vemos constantemente con nuestro gobernador. No vemos acciones proactivas. En su lugar, lo que vemos es una reacción ante el problema. A menudo se les permite eludir las normativas simplemente para hacer pruebas, dejando que nuestras comunidades paguen la factura”, enfatizó también Meixueiro.
