Dolores Huerta, quien falleció la semana pasada a los 96 años, dedicó siete décadas a promover los derechos humanos, una causa tras otra.
Huerta nació en el histórico pueblo minero de Dawson, Nuevo México, en 1930, y llegó a convertirse en una de las líderes sindicales y de derechos civiles más influyentes de Estados Unidos. En los últimos años, animó a la gente, en especial a los ciudadanos latinos y a las familias trabajadoras, a ejercer su derecho al voto.
“Sabemos que la democracia no puede funcionar a menos que todos participemos, y en este momento hay tantos temas que son tan importantes para todos nosotros. Tenemos que hacer oír nuestras voces e invitar a otras personas a que también se unan a nosotros, porque la democracia no funciona a menos que todos participen”, dijo Huerta.
A Huerta se le atribuye el lema “¡Sí, se puede!”, o “Yes, we can!” en inglés. Se utilizó por primera vez en 1972 en Phoenix, durante una protesta contra una ley estatal que prohibía a los trabajadores agrícolas organizarse, boicotear o hacer huelga durante las temporadas de cosecha. El presidente Barack Obama adoptó la frase como lema de su campaña presidencial de 2008. Más tarde reconoció a Huerta como la creadora original y le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012.
Huerta habló con Public News Service en 2021 en nombre del grupo Compassion and Choices sobre los cuidados al final de la vida. Había viajado a Nuevo México para apoyar la Ley Elizabeth Whitefield de Opciones al Final de la Vida, que posteriormente fue aprobada por los legisladores. Ella lo consideraba otro tema de derechos civiles, que promovía la justicia, la dignidad y la autodeterminación.
“El hecho de que exista una alternativa y de que las personas puedan elegir poner fin a su vida de manera digna y pacífica, rodeadas de sus seres queridos, creo que es algo muy importante”, dijo Huerta.
Incluso a sus más de 90 años, el compromiso de Huerta con la defensa de los derechos sociales nunca decayó. Recientemente, en agosto, se unió a una coalición en el Capitolio del Estado de California para pedir a los legisladores que aumentaran la asistencia alimentaria a nivel estatal con el fin de compensar los recortes federales al programa SNAP incluidos en la Ley “One Big Beautiful Bill”.
