Jeanne Kuang
CalMatters
Dos años después de una ola de robos de beneficios públicos que dejó a muchos californianos de bajos ingresos luchando por pagar el alquiler y comprar comida cada mes, el gobernador Gavin Newsom ha anunciado una importante disminución en la cantidad reportada como robada.
Los robos ascendían a más de $4 millones al mes el otoño pasado, tanto en los programas de asistencia alimentaria CalFresh como en los de beneficios sociales en efectivo de CalWorks, según un comunicado de prensa de la oficina de Newsom. Esta cifra es menor a la de hace dos años , cuando los beneficiarios de prestaciones públicas reportaban $20 millones al mes robados de sus cuentas. El estado utiliza el dinero de los contribuyentes para reembolsar a las víctimas cuando denuncian el robo.
Newsom atribuyó la reducción a la implementación por parte del estado de tecnología antifraude, como tarjetas de beneficios electrónicos (EBT) más seguras con chips electrónicos.
“En California, estamos liderando el camino al convertir la innovación en acción, deteniendo el robo y garantizando que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan”, dijo el gobernador en un comunicado de prensa.
La oficina de Newsom anunció la mejora en las cifras de robos la semana pasada después de que la administración Trump intensificara las amenazas a California por acusaciones de fraude en prestaciones sociales. El presidente ha utilizado una oleada de procesos judiciales por fraude a los servicios sociales en Minnesota, algunos de ellos presuntamente cometidos por inmigrantes, como pretexto para enviar agentes de inmigración a realizar redadas agresivas en Minneapolis.
A principios de este mes, la administración Trump congeló parte de la financiación federal a los servicios sociales en cinco estados gobernados por los demócratas, incluyendo California. Un juez suspendió por ahora la congelación , que incluía fondos para el programa de ayuda económica CalWorks.
El tipo de crimen en el que Newsom pregonaba reducciones no es el tradicional “fraude a la asistencia social” perpetrado por beneficiarios de prestaciones públicas, sino más bien un robo por parte de un tercero. Los funcionarios locales de servicios sociales han afirmado que el fraude por parte de beneficiarios es relativamente poco común.
Los ladrones se han aprovechado de los beneficiarios de las prestaciones sociales de California mediante dispositivos ocultos de “skimming” para robar los números de tarjetas EBT cargadas con la asistencia alimentaria de CalFresh y las prestaciones sociales en efectivo de CalWorks. Luego, duplican las tarjetas y les quitan el efectivo o realizan compras grandes con CalFresh, antes de que los beneficiarios tengan la oportunidad de gastar sus propias prestaciones.
California era particularmente vulnerable debido al tamaño de su red de seguridad social, con aproximadamente 300,000 familias recibiendo ayuda en efectivo y 3 millones de personas recibiendo asistencia alimentaria. CalMatters informó en 2023 que el estado, previamente centrado en detectar el fraude cometido por los beneficiarios de las prestaciones, también había ignorado las advertencias y retrasado una propuesta para introducir tarjetas EBT con chip.
Cuando la pandemia trajo consigo nuevos beneficios de los gobiernos federal y estatal, como el aumento de las prestaciones por desempleo y los cheques de estímulo, ladrones con escáneres de tarjetas hicieron su agosto. Las tarjetas EBT, que en aquel entonces solo tenían una banda magnética, se encontraban entre las más vulnerables al robo. Casi 200 personas han sido acusadas en California de estafas EBT, según informó la oficina de Newsom.
Desde 2023, el estado ha respondido a la crisis de clonación de datos emitiendo tarjetas EBT con chip e implementando una aplicación que permite a los beneficiarios congelar sus cuentas EBT para evitar retiros. El año pasado, según Newsom, el estado comenzó a utilizar un modelo informático para detectar retiros fraudulentos y el restablecimiento forzado de los PIN o código de acceso de las tarjetas EBT de algunos beneficiarios de CalWorks.
Pero los investigadores locales de fraude a la asistencia social dijeron que las cifras de Newsom pintan un panorama demasiado optimista del robo.
Gregory Mahony, presidente de la Asociación de Investigadores de Fraude al Bienestar Social de California, dijo que cree que los robos denunciados en el estado están subestimados.
Las cifras se basan en el monto que el estado reembolsa mensualmente a los departamentos de asistencia social de los condados para devolver las prestaciones a las víctimas. Sin embargo, algunos beneficiarios no se molestan en denunciar, o denuncian meses de robos, pero solo reciben una parte del reembolso, explicó Mahony.
También criticó al Departamento de Servicios Sociales de California por eliminar en 2023 el requisito de que las víctimas presenten denuncias policiales cada vez que les roben sus prestaciones para obtener un reembolso. Esto ha perjudicado el seguimiento estatal del robo y el fraude, afirmó Mahony.
“Esta no es una victoria sistémica”, declaró. “Es una mitigación tardía y parcial de una crisis que durante mucho tiempo se ha dejado crecer sin control”.
