Un proyecto de ley que espera la firma del gobernador Gavin Newsom esta semana permitiría a las facultades y universidades de California dar preferencia en las admisiones a los descendientes de esclavos.
La Ley de la Asamblea 7 permite pero no obliga a las universidades a dar esta preferencia.
Brandon Greene, director de defensa política del Western Center on Law and Poverty, con sede en Sacramento, señaló que el proyecto de ley se inspira en las recomendaciones del California Reparations Task Force.
“Como quedó bien documentado a través del grupo de trabajo, California tuvo un papel explícito en la perpetuación de décadas de daño a los descendientes de los esclavos de la esclavitud a pesar de ser un estado libre”, explicó Greene. “Las consecuencias de ese legado de perjuicio se ven claramente en las disparidades de vivienda, las brechas de riqueza racializadas y la implicación sistémica, y la falta de vivienda, por nombrar algunas”.
Los votantes de California prohibieron el uso de la raza en las admisiones universitarias hace casi 30 años con la Proposición 209.
La administración Trump ha prometido luchar contra políticas como esta, en los tribunales y mediante la denegación de fondos federales. El proyecto de ley no utiliza intencionadamente la raza como criterio, ya que no todos los estadounidenses negros descienden de esclavos, y no todos los esclavos eran negros. Los partidarios señalaron que un programa similar en Nevada beneficia a descendientes de miembros de tribus.
Greene afirmó que ha llegado el momento de tomar medidas concretas para abordar el legado de la esclavitud.
“En este momento de la historia, en el que nuestro país se encamina hacia un ajuste de cuentas no sólo con su pasado, sino con el presente, en el que el nativismo y la supremacía blanca se están atrincherando aún más en nuestra vida cotidiana, es vital que California allane el camino hacia la reconciliación y la reparación de la verdad”, afirmó Greene.
El proyecto de ley ya ha sido aprobado por ambas cámaras de la Legislatura estatal. El gobernador tiene hasta el domingo para firmar la ley, vetarla o permitir que entre en vigor sin firma.
