Los delitos contra la propiedad en California están cerca de mínimos históricos, según las últimas estadísticas del Departamento de Justicia de California.
Un nuevo informe del Center on Juvenile and Criminal Justice encuentra que los delitos contra la propiedad han disminuido un 53% en todo el estado desde 2005 y un 16% desde 2009, cuando las reformas de la justicia penal comenzaron a entrar en vigor.
El autor del informe, Mike Males, dice que las personas que aparecen en la televisión afirmando lo contrario están seleccionando estadísticas locales e ignorando la tendencia más amplia.
“Todas estas insinuaciones que estamos viendo en todo el país en todo el espectro político y en muchos medios de comunicación es que el crimen en California esta fuera de control. Y simplemente no es cierto. El caso es todo lo contrario,” enfatizo Males.
Este otoño, los votantes del Golden State decidirán sobre la Proposición 36, que revertiría partes de la Proposición 47, un proyecto de ley de reforma de la justicia penal de 2014.
Mas robos se considerarían delitos graves (enviar a más personas a la cárcel) al reducir el límite del valor de los bienes robados. También clasificaría ciertos delitos relacionados con drogas como delitos graves que exigen tratamiento y aumentaría las penas para algunos delitos relacionados con drogas.
La Proposición 36 cuenta con el apoyo de algunos grupos encargados de hacer cumplir la ley. Los mayores contribuyentes incluyen Walmart, Target y Home Depot.
Will Matthews, es portavoz de la organización sin fines de lucro Californians for Safety and Justice, explica que la Proposición 47 le ha ahorrado al estado hasta el momento 850 millones en costos del encarcelamiento y ha desviado ese dinero a programas que combaten los factores que impulsan el crimen, como la pobreza y la adicción.
“No podemos dedicar todas nuestras inversiones en seguridad a responder simplemente al crimen y al daño después de que ocurren. También tenemos que invertir en programas comunitarios de prevención de danos y delitos,” insistió también Matthews.
El analista legislativo de California considera que la Proposición 36 podría costarle al estado cientos de millones por año en mayores costos de encarcelamiento y podría reducir los fondos destinados a programas de tratamiento de drogas y salud mental, escuelas K-12 y víctimas de delitos.
