La Propuesta 45, que se votará en California este noviembre, agilizaría la evaluación ambiental de numerosos proyectos de vivienda, transporte, agua y salud al acelerar el proceso de revisión en general.
Muchos grupos ecologistas y sindicales se oponen a la propuesta, argumentando que socava la Ley de Calidad Ambiental de California.
Kat Lockwood, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro The Climate Center, dijo que se acelerarían proyectos como los grandes centros de datos y la construcción de viviendas en zonas propensas a incendios forestales.
“La Propuesta 45 reduciría las protecciones para la salud pública, el aire limpio y el agua limpia. La Propuesta 45 facilitaría la construcción de proyectos contaminantes con menos participación pública, y cuenta con el respaldo de algunos de los mayores contaminadores del estado”, señaló Lockwood.
Según el sitio web de la Secretaría de Estado, la propuesta establecería plazos para completar la evaluación ambiental y resolver los litigios que impugnan las autorizaciones de los proyectos. Los partidarios afirmaron que no se aplicaría específicamente a los centros de datos, pero que reduciría la burocracia que frena los nuevos proyectos de vivienda e infraestructura. Los opositores argumentaron que es innecesaria porque muchos proyectos de vivienda ya están exentos de una evaluación ambiental completa gracias al Proyecto de Ley 130 de la Asamblea, aprobado el año pasado.
Jordan Grimes, director legislativo de la organización sin fines de lucro Greenbelt Alliance, dijo que se opone a la Proposición 45 porque otorga a los desarrolladores un nuevo derecho a demandar a las autoridades locales si estas rechazan un proyecto o imponen condiciones que lo hagan inviable.
“Lo más importante es que cambia el criterio de revisión. De hecho, traslada el poder de las comunidades y las agencias locales a los desarrolladores y los solicitantes de proyectos”, afirmó Grimes.
Entre quienes apoyan la propuesta se encuentran la Asociación de la Industria de la Construcción de California y las grandes empresas de servicios públicos. Entre quienes se oponen se encuentran el Sierra Club y los sindicatos que representan a quienes trabajan en el sector de servicios, en las granjas y en los oficios de la construcción.
