Nota del editor: Se han omitido los apellidos de algunas de las fuentes citadas en este informe a petición expresa de los entrevistados. Aunque algunos de ellos tienen la ciudadanía estadounidense, planean regresar a Venezuela para apoyar a sus familias y temen convertirse en blanco de represalias por parte del gobierno actual.
OAKLAND, California — Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio están impulsando los llamamientos para que el presidente Trump restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los aproximadamente 600,000 venezolanos que viven en Estados Unidos y a quienes, hasta hace poco, se les había otorgado esa designación.
Muchos dicen que, mientras este país sudamericano lucha por recuperarse, el papel de la diáspora venezolana en el envío de los recursos necesarios es fundamental.
“Nuestro país nos necesita a quienes estamos fuera”, dijo Paola, quien vive en el Área de la Bahía desde que llegó por primera vez a Estados Unidos en 2023. Ella fue una de las personas que perdió su estatus legal y su autorización de trabajo después de que Trump revocara el TPS para los venezolanos el pasado octubre.
“La ayuda que podemos brindar a nuestras familias y, en general, a todos nuestros hermanos y hermanas que están pasando por esta tragedia”, agregó, “si tienes la posibilidad de trabajar, también tienes la posibilidad de ayudar”.
Casi 8 millones de venezolanos han huido del país a medida que se deterioraban las condiciones económicas. Aunque no se dispone de cifras exactas, se estima que las remesas representaron hasta el 7,5 % del PIB de Venezuela en 2025.
El primer sismo, de magnitud 7,2, se produjo el miércoles 24 de junio por la tarde, alrededor de las 6 p. m. Su epicentro se ubicó en la región de La Guaira, a unas 30 millas al norte de la capital, Caracas, y a lo largo de la costa caribeña del país. El segundo sismo sacudió la misma región 30 segundos después, con una magnitud de 7,5.
Este inusual doble terremoto ha dejado más de 3,500 muertos, y se estima que hasta 50,000 personas siguen desaparecidas o sin localizar. Casi 200 edificios quedaron reducidos a escombros, mientras que las evaluaciones preliminares por satélite de la NASA advierten que 58,870 estructuras resultaron dañadas o destruidas.
Se estima que el impacto económico del desastre, el peor que ha azotado a este país asolado por los conflictos en más de un siglo, superará los 6,700 millones de dólares.
Hasta ahora, el gobierno de Trump no ha dado señales de restablecer el TPS para los venezolanos, a pesar de la magnitud de la destrucción. El TPS se otorga normalmente a personas que huyen de países azotados por la guerra, la violencia y/o desastres naturales.
Horas antes de que se produjeran los sismos, un avión con 147 venezolanos deportados de Estados Unidos aterrizó en el país y los alojaron en un complejo cercano al epicentro. Del total, hasta el momento solo se ha confirmado que 12 están con vida.
Mientras tanto, los legisladores han comenzado a dar la voz de alarma.
El 29 de junio, el representante demócrata Seth Moulton, de Massachusetts, presentó la Ley de Alivio del TPS, que restablecería la supervisión judicial sobre las cancelaciones del TPS. La medida anularía un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio que otorgaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la autoridad máxima sobre dichas decisiones.
El DHS ha tomado medidas para poner fin a las designaciones de TPS para 13 de los 17 países que contaban con ellas. Los críticos sostienen que estas cancelaciones no toman en cuenta las condiciones reales en el terreno de las naciones afectadas.
A Moulton se le une la congresista republicana de Miami, María Elvira Salazar, quien ha pedido al presidente que extienda las protecciones del TPS para los venezolanos por 18 meses a raíz de los terremotos y que detenga las continuas deportaciones.
“No podemos deportar a cientos de miles de personas del país de la noche a la mañana”, escribió Salazar en una publicación del 6 de julio en la red social X. “En pocas palabras, hoy en día no es seguro devolverlas a sus países. No es una opción”.
También hay cada vez más críticas hacia la respuesta del propio gobierno venezolano ante la catástrofe, tanto desde dentro del país como por parte de los venezolanos en el extranjero.
“A mis padres los rescataron, no las autoridades, sino un ingeniero llamado Ángel y su madre, Milagros, una doctora que convirtió su casa en un refugio y atendió a los heridos con sus propios medicamentos”, dijo Víctor, quien es originario de Venezuela y ahora vive en Los Ángeles.
Dice que un amigo de la infancia permaneció enterrado junto a su hijo menor durante días después del desastre.
Los padres de Víctor vivían en el Complejo Urbano Hugo Chávez Frías, un complejo gubernamental de edificios de cuatro pisos en La Guaira que quedó casi completamente destruido por los terremotos. Al principio, él supuso que habían fallecido después de que comenzaran a circular videos en las redes sociales que mostraban el complejo en ruinas.
“Mi mamá se salvó porque estaba en la calle cuando ocurrió el temblor”, recuerda Víctor, “y mi papá, que estaba en el primer piso del edificio, sobrevivió agarrándose con fuerza a una tubería de agua anclada al suelo mientras la estructura se agrietaba”.
Los esfuerzos de recuperación se ven obstaculizados por una grave escasez de equipo, alimentos y otros artículos de primera necesidad y, en algunos casos, por la interferencia de las autoridades. Según se informa, también hay escasez de medicamentos.
El papá de Víctor padece diabetes, mientras que su mamá tiene demencia en etapa inicial. Hace poco lanzó una campaña en GoFundMe con la esperanza de recaudar dinero para mantener a su familia.
Mientras tanto, los venezolanos de la Área de la Bahía se han unido para enviar ayuda a sus compatriotas. Se abrieron centros de donaciones en San Francisco, Walnut Creek, Oakland y San José.
El domingo 5 de julio, alrededor de 1,000 cajas de 50 libras partieron de Oakland con destino a Florida, antes de seguir hacia Venezuela. El envío está a cargo de la organización sin fines de lucro Global Empowerment Mission (GEM), con sede en Florida, que distribuirá la ayuda directamente a las víctimas a través de redes locales.
“Sabemos que a muchos les preocupa que el gobierno se apropie de las donaciones”, dijo Alicia Molina, quien ayudó a organizar las campañas de ayuda. “Por eso nos asociamos con GEM, una organización independiente que nos da la certeza de que todo llegará a quienes lo necesitan”.
