CONCORD, California — En una calurosa tarde de junio, Sergio Jaime López, coordinador de defensa comunitaria de la organización sin fines de lucro Safe Center en el condado de Contra Costa, llega al Tribunal de Inmigración de Concord.
Está a punto de comenzar una audiencia y él hace su ronda. Les da una actualización en español a tres mujeres relacionadas con un solicitante de asilo que espera en el pasillo. Luego les da instrucciones a dos voluntarios sobre qué recursos deben entregar a las personas que salen de la audiencia. Intercambia unas palabras en voz baja con un hombre mientras le entrega un libro ilustrado a un niño.
“Solo quieren ser niños. Y como no tienen nada con qué jugar, les damos libros. Así se distraen un poco”, dice. A los padres les entrega unos folletos. Estos contienen listas de organizaciones de toda California que ofrecen asesoría legal gratuita o a bajo costo, así como los datos de contacto de abogados del Colegio de Abogados de California.
Finalmente entra a la sala del tribunal, donde unas 30 personas esperan al juez en los bancos abarrotados.
Esta es una visión general de un proceso migratorio que se ve afectado por un gran número de solicitudes de asilo pendientes, la falta de jueces de inmigración y las audiencias masivas diseñadas para acelerar las deportaciones.
Casos transferidos y gran volumen de trabajo
Desde que la administración de Trump cerró el Tribunal de Inmigración de San Francisco en mayo, se han transferido aproximadamente 100,000 casos a un nuevo tribunal en la ciudad de Concord, a unas 30 millas al este.
Esta medida agravó un atraso que ya supera los 58,000 casos. El atraso en los casos de inmigración en todo el estado de California asciende ahora a 340,000. San Francisco tenía 116,800 de esos casos antes de que la mayor parte de ellos fuera absorbida por la lista de casos de Concord.
Al mismo tiempo, se ha producido una drástica reducción del número de jueces de inmigración. De los 21 jueces de inmigración que trabajaban en los dos juzgados de inmigración del centro de San Francisco a principios de año, solo quedan dos. Concord, por su parte, cuenta con solo ocho jueces de inmigración para hacer frente al aumento de casos. Con muchos menos jueces a cargo de muchos más casos, los solicitantes de asilo en el Área de la Bahía se enfrentan a una situación desoladora. Sus casos o bien no recibirán la atención que merecen o bien quedarán en un limbo legal durante años, y algunos se reprogramarán hasta el 2029.
Para manejar el volumen de casos, un nuevo proceso está acelerando drásticamente la cantidad de casos que un juez atiende al mismo tiempo. A los inmigrantes se les están programando audiencias masivas en el calendario principal, llamadas “mega masters”, en las que se incluye a 100 personas o más en la sala de audiencias al mismo tiempo. En el pasado, por lo general se atendía a un máximo de 20 personas a la vez. A algunos se les reprogramaron repentinamente sus citas para estas audiencias “mega masters” con muy poca antelación.
“Este es un gran cambio. Hay mucha gente que viene y la mayoría de ellos ya tuvo una audiencia previa en 2027, 2028 o 2029. Y, de repente, hace una semana recibieron una notificación para presentarse en persona en Concord para esta audiencia”, dice Jaime López.
El poco tiempo de aviso tiene un efecto disuasivo. “Estamos empezando a ver que baja el número de personas que se presentan. Por ejemplo, te puedo decir que el segundo día se pidió a unas 100 personas que se presentaran a su audiencia judicial. Pero solo se presentaron unas 40”, dice López.
Diseñado para deportaciones
Chloe Czabaranek es la directora jurídica de inmigración del Centro de Recursos Comunitarios La Raza, en San Francisco. Cargo que ocupa desde abril.
Ella dice que el último año ha sido muy incierto para los clientes. Cuenta que prepara a los clientes para cualquier situación, coordina a los testigos y reúne a la familia y a la comunidad, solo para enterarse a última hora de que la audiencia se ha pospuesto, a veces sin que se les haya enviado una nueva notificación. Eso hace que tanto ella como sus abogados estén tan desinformados como sus clientes.
“Así que es un poco frustrante, por decirlo suavemente”, dice Czabaranek. “Seguimos revisando cada semana. Revisamos su número y dice que no hay audiencias programadas… y tenemos que sentarnos con ellos y simplemente empatizar porque, al fin y al cabo, no lo sabemos, ¿verdad? Solo hacemos lo mejor que podemos para mantenerlos informados”.
“Es muy desalentador”, agrega Czabaranek, al describir que preparar a los solicitantes de asilo para sus casos no es fácil, ya que a menudo les hace revivir traumas durante las evaluaciones que deben procesar, solo para luego tener que informarles que la audiencia se ha pospuesto.
Czabaranek y otros defensores legales afirman que el objetivo del Departamento de Justicia al acelerar y agrupar las audiencias es emitir más órdenes de deportación. Muchos inmigrantes no se presentan a las “megaaudiencias” ya sea por el poco tiempo de aviso o por el temor a ser detenidos o deportados. Quienes no se presentan están recibiendo órdenes de expulsión. Los abogados señalan que las “megaaudiencias” se dirigen principalmente a quienes carecen de representación legal. Este proceso ha restringido aún más los derechos de los inmigrantes a un proceso debido.
“Es terrible porque despidieron a muchos jueces en San Francisco que, históricamente, han tenido una tasa de aprobación de solicitudes de asilo muy alta”, señala López.
Nos despidieron por hacer nuestro trabajo
Uno de esos jueces es Jeremiah Johnson, quien fue despedido el año pasado cuando se estaba desmantelando el tribunal de inmigración de San Francisco. Johnson, quien ahora es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, un antiguo sindicato al que la primera administración de Trump le retiró la certificación, afirma que desde el principio, fue un ambiente de trabajo exigente, pero dinámico, en el que los jueces colaboraban y se apoyaban mutuamente.
“El trabajo tenía un propósito. Nos enfrentamos a desafíos, pero aun así sentíamos que estábamos haciendo lo correcto”, dice. “Creo que a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos despidieron por hacer nuestro trabajo. Lo que vemos aquí es un gobierno que no quiere celebrar audiencias”.
Johnson vio cómo aumentaba su carga de trabajo durante su estancia en San Francisco, pasando de una cuota de dos casos al día en su primer año a seis casos al día cuando fue despedido en noviembre. Incluso antes de las audiencias “mega master”, ya estaba fijando fechas para audiencias tan lejanas como diciembre de 2028.
Johnson describió el efecto sin rodeos: más tiempo en un limbo legal y más tiempo viviendo en la incertidumbre de si uno podrá quedarse en los EE. UU. o no.
“A la gente de aquí, en el Área de la Bahía, le va a tomar mucho más tiempo llegar a un juicio… y eso influye en si compras una casa o no, a qué escuela vas a enviar a tu hijo. ¿Debería casarme o no? ¿Debería tener un hijo? … Ya de por sí hay incertidumbre en este clima de miedo que vivimos hoy en día. ¿Podré regresar a casa del trabajo para ver a mi hijo? Y muchas de estas personas tienen una situación mixta en sus familias: hijos ciudadanos estadounidenses, cónyuges ciudadanos estadounidenses. ¿Debería ir al partido de softbol de mi hijo? ¿Debería ir a una cita médica? Tengo miedo de que me arresten y no vuelva a ver a mi familia nunca más. Ese tipo de incertidumbre es la que se ve agravada por estos cierres”.
Johnson dijo que empezó a ver que la gente optaba por la autodeportación, a menudo solo para escapar o evitar la detención.
“Las condiciones en los centros de detención son tales que la gente no puede aguantar ni un día más”, dijo. “Una vez me tocó presidir una audiencia y había una mujer con un caso válido, que había entrado a Estados Unidos de manera legal. No tenía abogado, y lo primero que dijo fue que quería salir, que no podía aguantar ni un día más en detención. Así que ese mismo día renunció a su caso y regresó a su país. Ese día no hubo audiencia. Esta es una estrategia legal para impedir que las personas tengan su oportunidad de ser escuchadas ante un tribunal”.
Cadena de favores
Nacido en Nicaragua, López viajó hacia el norte hasta la frontera con Estados Unidos en 2019 y solicitó asilo en San Diego. No pudo encontrar un abogado y, tras unas cuantas audiencias, fue detenido inesperadamente durante seis meses.
“No podía entender por qué me habían detenido ni por qué llevaba tanto tiempo en la cárcel. Para mí fue terrible, porque es como vivir en el limbo. Así que no sabes qué hacer. No sabes qué te deparará el futuro. Sobre todo porque tengo una familia”.
Durante su detención, comenzó a aprender por su cuenta los conceptos básicos del sistema migratorio de Estados Unidos en la biblioteca del centro de detención. Escribió cartas a organizaciones de asistencia legal y, finalmente, su caso fue tomado en consideración. Se trasladó al Área de la Bahía, adonde su esposa e hijos lo siguieron más tarde.
Esa es una de las principales razones por las que Sergio Jaime López acude todos los días al tribunal para ayudar a los inmigrantes a desentrañar lo que se ha convertido en un sistema judicial migratorio kafkiano. Él lo ve como una forma de aprovechar los conocimientos que adquirió mientras estuvo en el centro de detención migratoria, para así ayudarlos a otros.
“Cuando llegué aquí, a la Bahía, una gran comunidad me brindó su apoyo, y todavía hay muchísima gente, comunidades y organizaciones interreligiosas que se preocupan por las comunidades de inmigrantes y las familias de inmigrantes, y que comparten muchos, muchos de los valores que yo también tengo en este momento. Y juntos somos realmente fuertes”, afirma.
“Estoy aquí gracias a mi comunidad, porque si la gente no me hubiera apoyado en el pasado, no estaría aquí. Mi situación sería diferente, probablemente. Soy fruto de mi comunidad, que me apoya y está a mi lado”.
Chris Alam es becario del programa California Local News Fellow de la Escuela de Posgrado de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley. Este reportaje se realizó como parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media y medios de comunicación comunitarios de todo el estado.
