Peter Schurmann
American Community Media
SACRAMENTO — El 89 % de los votantes de California cree que la democracia estadounidense está en peligro. Una mayoría abrumadora, que incluye a un número significativo de republicanos, también apoya que el estado tome medidas para proteger la democracia y ampliar el acceso al voto.
Esas son algunas de las conclusiones de una nueva encuesta multilingüe realizada a casi 6000 votantes y publicada por el Instituto de Estudios Gubernamentales (IGS) de la Universidad de California en Berkeley.
“Es una cifra bastante impresionante”, afirmó Eric Schickler, codirector del IGS. Schickler presentó los resultados durante un evento celebrado el 27 de abril en Sacramento, junto a Matt Barreto, del Proyecto de Derechos Electorales de la UCLA.
Schickler destacó que la preocupación de los votantes del Estado Dorado por las amenazas a la democracia trasciende las divisiones partidistas. “Llama la atención que el 46 % de los republicanos afirme que la democracia estadounidense está siendo atacada. Otro 33 % considera que está siendo puesta a prueba”, señaló Schickler. “Se trata de una preocupación generalizada”.
Opiniones similares más allá de las divisiones partidistas y raciales
La encuesta, de carácter no partidista, se realizó entre 5.962 votantes registrados en cinco idiomas: inglés, español, chino, vietnamita y coreano. Las preguntas se enviaron por correo electrónico y mensaje de texto entre el 9 y el 18 de abril. La encuesta se llevó a cabo por encargo del Fondo Evelyn y Walter Haas, Jr.
La encuesta periódica sirve como barómetro de las opiniones de los votantes de California sobre cuestiones políticas y de política pública. Schickler señaló que la variedad de idiomas y el tamaño de la muestra permiten a los investigadores profundizar en diversos subgrupos de todo el estado.
La encuesta de este año también comenzó con una pregunta que, según Schickler, “a nadie se le habría ocurrido hacer hace diez años”.
El 68 % de los encuestados coincidió en que la democracia estadounidense está siendo atacada, mientras que el 21 % afirmó que nuestra democracia está siendo puesta a prueba. Estos resultados trascienden las divisiones partidistas y raciales, e incluyen al 74 % de los votantes blancos, al 63 % de los latinos, al 64 % de los votantes de origen asiático o isleño del Pacífico y al 70 % de los votantes afroamericanos.
“Llama la atención que en California se observen opiniones muy similares sobre estas cuestiones entre los distintos grupos raciales”, afirmó Schickler.
El fraude electoral no es una preocupación importante
Los encuestados señalaron el dinero en la política, la Corte Suprema y las grandes empresas tecnológicas como las principales amenazas para la democracia. El 78 % —incluido el 10 % de los republicanos— también culpó al presidente Trump de la erosión de las normas democráticas.
Solo alrededor del 20 % mencionó el fraude electoral como motivo de preocupación, a pesar de que se trata de un tema fundamental para el presidente y sus seguidores.
Entre ellos se encuentra Chad Bianco, sheriff del condado de Riverside y candidato republicano a gobernador de California. En marzo, Bianco confiscó más de 600 000 boletas electorales y material electoral relacionado de las oficinas electorales del condado, como parte de una investigación sobre denuncias de fraude electoral durante las elecciones de 2025. El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda. El caso será visto por la Corte Suprema del estado.
“Sabemos que entre algunos republicanos existe la percepción de que hay fraude electoral”, dijo Barreto. “Pero, en realidad, esa no es la postura mayoritaria, ni siquiera entre los republicanos”.
Una iniciativa sobre la identificación de los votantes ha sido recientemente admitida a trámite para las elecciones estatales de noviembre. De aprobarse, la medida, respaldada por el Partido Republicano, obligaría a los votantes a presentar algún tipo de identificación emitida por el gobierno en las urnas. En el caso de los votos por correo, los votantes tendrían que facilitar los últimos cuatro dígitos de su identificación. El proyecto de ley es similar a una legislación análoga, la Ley SAVE, que el presidente Trump ha impulsado a nivel federal.
Una encuesta reciente reveló que una escasa mayoría de californianos respalda la iniciativa estatal. Sin embargo, en la encuesta del IGS, Schickler señaló que, cuando se les presentan los argumentos de republicanos y demócratas, la protección de la integridad del sistema electoral frente a una iniciativa alineada con Trump para restringir el voto, “la situación da un giro y surge una oposición mayoritaria”.
Los investigadores calculan que hasta un millón de votantes registrados en California, en su mayoría votantes de color con bajos ingresos, no cuentan con la identificación necesaria ni con los medios para obtenerla. Por lo tanto, no podrían votar si se aprueba la medida.
Amplio respaldo a las iniciativas estatales para proteger la democracia
Una amplia mayoría de los californianos, incluido el 58 % de los republicanos, también apoya que el estado asuma un papel más activo en la protección de la democracia y la ampliación del acceso al voto. “Quieren que se haga algo”, afirmó Barreto.
Una serie de proyectos de ley destinados a reforzar el proceso electoral del estado se están tramitando actualmente en la legislatura de California. Entre ellos se encuentran el SB 1164 y el SB 1360, presentados por la representante Sabrina Cervantes (demócrata por Riverside). Conocidos colectivamente como la Ley de Derechos Electorales de California de 2026, los proyectos de ley se enfocan en combatir la “supresión de votantes y la dilución del voto”. También prometen ampliar el acceso a las boletas y los materiales electorales para los votantes con dominio limitado del inglés.
Según Barreto, hubo un “apoyo abrumador” entre los encuestados a estas iniciativas. Esto incluye al 61 % que se mostró a favor de la creación de un Fondo para la Democracia a nivel estatal que, entre otras cosas, ampliaría las oficinas electorales y el acceso lingüístico.
La encuesta se realizó antes de que el Tribunal Supremo dictara, el 29 de abril, su fallo en el caso Louisiana contra Callais, en el que la mayoría conservadora del tribunal vació de contenido la histórica Ley de Derechos Electorales (VRA) de 1965. Dicha ley amplió de manera significativa el acceso al voto para los votantes de minorías étnicas. Además, la sección 2 prohibía a los estados con un historial de legislación electoral discriminatoria promulgar leyes que afectaran indebidamente a los votantes de minorías.
Aunque el fallo del tribunal no deroga la Sección 2, sí exige que se demuestre la existencia de discriminación intencional, un requisito que no figuraba en la redacción original de la ley. En su voto particular discrepante, la jueza Elena Kagan describió el fallo como “el último capítulo de la demolición, ya completada, de la Ley de Derechos Electorales por parte de la mayoría”.
El 91 % de los encuestados por el IGS calificó la Ley de Derechos Electorales (VRA) como una “buena idea”. El 56 % apoyó firmemente la idea de que California promulgue su propia versión de la VRA si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la deroga a nivel federal. Otro 13 % respondió que apoyaba en cierta medida la idea.
La democracia sigue siendo importante
“Es algo que vamos a seguir analizando”, afirmó Mark DiCamillo, director de la encuesta del IGS. “La defensa de la democracia y la protección del derecho al voto serán algunos de los temas sobre los que preguntaremos a los votantes: “¿Qué importancia tiene esto para usted?”.
DiCamillo afirma que esta cuestión también se tendrá en cuenta en una próxima encuesta sobre la carrera por la gobernación de California, que se realizará justo antes de las primarias de junio.
“Lo último por lo que deberíamos preocuparnos en el 250.º aniversario del nacimiento de esta nación es que no se cuenten nuestros votos”, afirmó Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos y actual candidato a gobernador de California.
