Ryan Sabalow
CalMatters
Mientras los incendios arrasan el sur de California y agravan la crisis de seguros del estado, el Senado de California no tiene a nadie a cargo de su Comité de Seguros debido a preguntas en torno a una investigación de corrupción federal.
El presidente interino del Senado, Mike McGuire, dijo que está esperando escuchar de los fiscales federales sobre la senadora Susana Rubio, quien ha sido interrogada en una investigación federal por corrupción, antes de tomar una decisión sobre volver a nombrarla en su puesto anterior como presidenta del Comité de Seguros del Senado.
“Hemos solicitado y estamos esperando información adicional de la Fiscalía de Estados Unidos antes de finalizar cualquier decisión”, dijo la oficina de McGuire a CalMatters en un correo electrónico.
Rubio, demócrata de Baldwin Park, dijo que “actualmente no está involucrada” en la investigación de corrupción federal que ya ha atrapado a un puñado de otros funcionarios en el condado de San Bernardino, Compton, Commerce y Baldwin Park.
Los funcionarios federales no han identificado a Rubio por su nombre en el caso. Sin embargo, no hay nadie más que coincida con la descripción de la “Persona 20”, a quien se acusa en documentos judiciales federales recientemente publicados de pedir 240,000 dólares en sobornos a una empresa de cannabis y de aceptar 30,000 dólares en contribuciones ilegales a la campaña. Las acusaciones se remontan a cuando Rubio era miembro del Ayuntamiento de Baldwin Park.
La Fiscalía de Estados Unidos en Los Ángeles está supervisando el caso. Un portavoz se negó a comentar quién es la Persona 20 o decir cuándo –o si– se presentarán cargos contra ella.
Los expertos en casos de corrupción federal sugieren que McGuire tiene razón en estar preocupado.
A petición de CalMatters, tres ex fiscales federales revisaron los documentos judiciales.
Los fiscales –uno de ellos un ex fiscal de Estados Unidos– dijeron que no hay forma de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haga pública tanta información identificatoria sobre un sospechoso en una investigación de corrupción si no pensaron que puedan convencer a un jurado de su culpabilidad.
“Si los fiscales federales están poniendo ese nivel de detalle -especialmente en un asunto de corrupción pública- en un documento público, están bastante seguros de que la información es 120% correcta”, dijo Carrie H. Cohen, ex fiscal federal adjunta en Nueva York y ex jefa de la oficina de integridad pública de la Fiscalía General del Estado de Nueva York.
Mark D. Chutkow, exjefe de la unidad de corrupción pública y división criminal del fiscal de Estados Unidos en Detroit, dijo que “parecería que hay más por caer en este caso”.
Chutkow dijo que cuando se trata de casos de corrupción pública, los fiscales federales generalmente tienen la mira puesta en los “funcionarios públicos de más alto rango y no necesariamente en… los intermediarios y los propios sobornadores”.
“Esta Persona Nº 20 sería un funcionario de mayor rango y el objetivo más importante de la investigación federal”, dijo. “Por lo tanto, uno podría pensar que querría terminar el trabajo”.
La semana pasada, Rubio se negó a ser entrevistada por un periodista de CalMatters cuando salía del Senado después de la primera sesión del nuevo año. En cambio, su oficina respondió con una declaración enviada por correo electrónico.
“Es lamentable que la senadora Rubio siga recibiendo preguntas sobre un caso en el que actualmente no está involucrada”, dijo su portavoz, Matthew Z’berg, en un correo electrónico. “El enfoque de la senadora Rubio es servir a los electores del Distrito Senatorial 22 y abordar cuestiones importantes que afectan a las familias de California”.
Portavoz dice que Rubio no quería ser presidente de seguros
Rubio respondió a la decisión del senador Pro Tem McGuire de no darle un puesto de liderazgo en el comité cuando recientemente anunció sus asignaciones para la sesión de dos años que comenzó el lunes pasado.
En la última sesión, Rubio presidió el Comité de Seguros del Senado. El puesto figuraba como “vacante” en la lista de McGuire.
Z’berg dijo que Rubio le dijo a McGuire que ya no estaba interesada en ser la presidenta del comité de seguros. Ella “animó (a McGuire) a nombrar un nuevo presidente que se anunciará junto con todas las demás asignaciones”.
“También le transmitió que al dejar el puesto vacante, estaría alimentando narrativas falsas y especulaciones”, dijo Z’berg.
Rubio también lanzó una crítica apenas velada a McGuire, sugiriendo que está jugando a la política al dejar el puesto vacante debido a las especulaciones de que McGuire está considerando postularse para Comisionado de Seguros de California cuando termine su mandato en 2026.
“Las cuestiones de seguros que afectan a los consumidores de todo el estado son de particular interés para él”, se lee en el comunicado. “Es un tema crítico sobre el que ha sido muy explícito en el pasado y probablemente seguirá haciéndolo”.
En una declaración enviada por correo electrónico el viernes, McGuire dijo: “Hemos estado liderando la reforma de seguros centrada en el consumidor durante años; es algo personal para mí debido a los incendios forestales que han devastado las comunidades que represento. Y este año no será diferente.
“Los incendios en el sur de California dejan aún más claro lo crítico que es este asunto. Cualquier premisa de que se retrasará alguna legislación es inequívocamente una tontería”, afirmó. “Se ha formado un comité y nombraremos a un presidente de seguros en un futuro muy cercano”.
El Comité de Seguros no tiene previsto reunirse hasta marzo. Los proyectos de ley deben estar impresos al menos 30 días antes de que los legisladores puedan actuar sobre ellos, por lo que cualquier nueva legislación relacionada con los seguros que se presente esta semana no se conocerá hasta febrero como mínimo.
¿Es la senadora Rubio la “Persona 20”?
Los documentos federales publicados recientemente son un acuerdo de culpabilidad firmado por el ex fiscal de la ciudad de Baldwin Park, Robert Tafoya. Los funcionarios federales publicaron el acuerdo a finales del año pasado. En el acuerdo, Tafoya dice que ayudó a facilitar sobornos a funcionarios locales de empresas que buscaban permisos de marihuana.
El diario Los Angeles Times fue el primer medio de comunicación en informar que Rubio coincidía con la descripción de la “Persona 20”. El acuerdo de culpabilidad describe a la Persona 20 como un funcionario público, en posición de poder despedir al fiscal de la ciudad, que ganó una primaria para un cargo estatal en 2018. Ningún otro funcionario local coincide con la descripción.
El acuerdo de culpabilidad dice que la Persona 20 solicitó $240,000 de una compañía de marihuana que buscaba un permiso municipal, pero la compañía se negó a pagar esa cantidad, por lo que el acuerdo fracasó. La Persona 20 también solicitó y recibió $30,000 de Tafoya en un plan para generar apoyo para la campaña estatal de la Persona 20 de 2018, dicen los documentos. Tafoya dijo que aceptó pagarle a la Persona 20, a cambio de la garantía de que mantendría su trabajo en la ciudad y obtendría trabajo estatal de la Persona 20 después de la elección, según su acuerdo de culpabilidad.
Tafoya admitió cargos de evasión fiscal federal y soborno en 2023, pero los fiscales mantuvieron en secreto el acuerdo de culpabilidad hasta el mes pasado, ya que Tafoya había aceptado participar en la investigación en curso.
“No tengo idea de quién es la Persona 20, pero estoy completamente seguro de que la Fiscalía de los Estados Unidos no incluiría estas declaraciones declaratorias sobre las acciones de la Persona 20 a menos que estuvieran muy seguros de que podrían probar la verdad de esas declaraciones en un tribunal de justicia”, dijo McGregor Scott, un ex fiscal de los Estados Unidos designado dos veces con sede en Sacramento.
Rubio no ha respondido directamente si es la “Persona 20”. En una declaración al LA Times, dijo que “trabajó horas de su tiempo como voluntaria” para ayudar a las autoridades en su investigación y que “no tiene motivos para creer que sería incluida en ninguna acusación criminal”.
Senado analiza denuncia por ética
Bill Essayli, un asambleísta republicano de Corona, solicitó a los comités de ética de la Asamblea y del Senado que abrieran investigaciones después del informe del LA Times del mes pasado.
Essayli pasó aproximadamente cuatro años como fiscal federal en la Fiscalía de Estados Unidos que hizo público el acuerdo de culpabilidad de Tafoya.
Essayli dijo que no tiene conocimiento de primera mano sobre este caso desde que dejó ese trabajo en 2018, pero dijo que las acusaciones descritas en el acuerdo de culpabilidad son lo suficientemente preocupantes como para que la Legislatura actúe por su cuenta sin esperar a los fiscales. Su queja de ética tampoco identifica a Rubio por su nombre.
“Cuando el Departamento de Justicia de Biden hace acusaciones específicas como esa contra un legislador en funciones, no creo que podamos esperar como organismo público a que se lleve a cabo esa investigación; las investigaciones penales pueden tardar años en desarrollarse”, dijo Essayli a CalMatters. “Mientras tanto, este individuo sigue en el cargo. Sigue ejerciendo el poder en nombre del público y podría estar involucrado en la misma actividad”.
Erin V. Peth, asesora principal del Comité de Ética del Senado, dijo a CalMatters que la queja de Essayli está bajo revisión, pero no proporcionó otros detalles.
Ninguna legisladora de California ha sido acusada de corrupción pública mientras ocupaba el cargo. Varios asambleístas y senadores han sido acusados de delitos similares a lo largo de los años.
En 2010, se presentaron cargos estatales contra el senador demócrata del condado de Los Ángeles, Roderick Wright, por fraude electoral, perjurio y otros delitos derivados de haber mentido sobre vivir realmente en su distrito. El entonces gobernador Jerry Brown indultó posteriormente a Wright.
En 2016 , un juez federal condenó al senador demócrata de San Francisco, Leland Yee, a cinco años de prisión por hacer favores políticos a cambio de dinero de campaña.
También en 2016, un juez federal condenó al senador Ron Calderón de Montebello a 42 meses de prisión federal por recibir más de 150,000 dólares en sobornos. Su hermano, el asambleísta Tom Calderón, fue sentenciado a un año de prisión por lavar el dinero de sobornos de su hermano.
Tras las acusaciones contra Yee y Calderón, los votantes aprobaron en 2016 la Proposición 50, que otorga a los legisladores la autoridad de suspender sin goce de sueldo a un colega caído en desgracia. Para ello se requiere el voto de dos tercios de la cámara del legislador.
Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters.
