Los grupos de reforma de la justicia penal están apoyando un nuevo proyecto de ley que facilitará a las personas heridas en encuentros con la policía para que obtengan apoyo de la Junta de Compensación de Victimas de California.
En la actualidad, la mayoría de las reclamaciones, aparte de las relativas a violencia domestica o agresión sexual, requieren que la persona se identifique como víctima en un informe policial.
Sean, el hermano de Michelle Monterrosa, murió a manos de la policía de Vallejo en 2020. El oficial fue despedido, pero nunca fue acusado. Monterrosa dice que el proyecto de ley ayudaría a familias como la suya a sobrellevar la situación.
“Y desgraciadamente,” dice Monterrosa, “como nuestros seres queridos fueron asesinados de la forma en que lo fueron, no se nos considera víctimas, no se les considera víctimas. Así que, por lo tanto, continuamos los ciclos de trauma y daño. El hogar es también una víctima, somos los que lidiamos con la perdida cada día.”
El proyecto de ley excluiría los casos en los que la persona hubiera infligido “lesiones corporales graves” en un encuentro con las fuerzas del orden antes de ser asesinada.
Las familias o los supervivientes podrían utilizar pruebas distintas del atestado policial para acceder al programa, el cual ofrece ayudas para gastos de entierro, facturas médicas y asesoramiento. La victima tendría derecho independientemente de que el agente sea detenido o condenado.
Cristine Soto DeBerry, de la organización sin fines de lucro Prosecutors Alliance, superviso un programa similar en San Francisco y afirma que el sistema debe ser más flexible y compasivo.
“Vemos a familias que tienen que recurrir a páginas de GoFundMe y a lavados de coches para intentar cubrir los gastos del entierro de su ser querido tras un incidente como este,” reconoce Soto DeBerry. “Y eso, a nosotros, nos parece inhumano e innecesario.”
La Asociación de Fiscales de Distrito de California se opuso a un proyecto de ley similar, en la sesión legislativa del año pasado, argumentando que la ley permitiría indemnizar a los autores de delitos.
Soto DeBerry argumenta que la divulgación es beneficiosa para todos.
“Apoyar a las familias en este proceso es una estrategia inteligente de seguridad pública, que refuerza la legitimidad en lugar de socavarla,” opina Soto DeBerry.
El Proyecto de Ley del Senado 838 se encuentra actualmente en el Comité de Reglas del Senado.
