La Administración Biden eliminó la semana pasada la política de la era Trump conocida como carga pública, que imponía un impuesto sobre el patrimonio a las personas que buscan obtener la residencia permanente en los Estados Unidos.
La nueva norma entrará en vigor el 23 de diciembre. Ya se ha sometido a un periodo de comentario público de 60 días, por lo que no necesita más adjudicaciones antes de entrar en vigor.
La norma reduce en gran medida la definición de carga pública a únicamente dos criterios: La asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) y la institucionalización para cuidados a largo plazo.
La administración Trump amplió la definición de la norma de 1999, que era poco utilizada, para incluir a los inmigrantes que reciben Medicaid, vivienda pública o beneficios del Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP) como parte de la determinación de inadmisibilidad de carga pública, incluso si estaban solicitando esos beneficios en nombre de sus hijos nacidos en los Estados Unidos.
La norma -que dejaba a criterio de los funcionarios de inmigración el determinar si una persona que solicitaba una green card podía pasar a depender del gobierno- también se impuso para las personas que intentaban entrar permanentemente en Estados Unidos.
Las demandas y las medidas cautelares impidieron que la política de Trump se implementara, excepto durante una breve ventana en 2020. La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la norma de Trump en 2021, poco después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo.
Pero a pesar de la no aplicación, la norma tuvo un efecto paralizante en las comunidades de inmigrantes. Millones de personas se dieron de baja y a sus familiares de los beneficios federales a los que tenían derecho, por temor a invocar la inadmisibilidad de la carga pública cuando solicitaran la residencia permanente.
“Esta acción (de hoy) garantiza un trato justo y humano a los inmigrantes legales y a los miembros de sus familias que son ciudadanos estadounidenses”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado de prensa publicado el 8 de septiembre. “En consonancia con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por elegir acceder a la atención médica y a otros servicios gubernamentales complementarios para los cuales califican”.
La prueba de carga pública afecta potencialmente a unos 10 millones de inmigrantes y 12 millones de niños, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, que han nacido dentro del núcleo de una familia de estatus mixto.
“Recibimos con beneplácito este cambio de política tan esperado. Este cambio tendrá un impacto benéfico para millones de inmigrantes, principalmente mujeres y niños”, dijo Essey Workie, director de la Iniciativa de servicios humanos del instituto de política migratoria.
“Pero aunque la norma es un paso en la dirección correcta, las comunidades de inmigrantes siguen temiendo lo que pueda ocurrir en el futuro. Un cambio de administración podría traer de vuelta las normas restrictivas, afectando al estatus migratorio”, dijo Workie en una entrevista con Ethnic Media Services.
Sin duda, se esperan demandas y requerimientos judiciales, pero éstos deben basarse en cuestiones técnicas o de procedimiento. “No veo que eso se aplique a esta situación”, dijo Workie.
Zenobia Lai, directora ejecutiva de la Colaborativa de servicios legales de inmigración de Houston (HILSC), dijo: “El Departamento de Seguridad Nacional se ha percatado de los efectos paralizantes de la regla de la carga pública en las familias inmigrantes, especialmente las que tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Debemos hacer una transición de esta parálisis a un estado más relajado.
Señaló que las prestaciones recibidas por los hijos u otros miembros de la familia no contarán cuando un funcionario de inmigración determine si un solicitante de residencia permanente o green card es considerado carga pública. Aclaró que sólo se consideraría la asistencia gubernamental bajo la nueva norma, y se limitaría al TANF y el acceso a servicios médicos a largo plazo. Lai expresó su esperanza de que ambas categorías se eliminen en el futuro.
Lai también aclaró que las prestaciones recibidas durante la pandemia de Covid-19 no se considerarían dentro del criterio de inadmisibilidad en virtud de la norma de carga pública.
Señaló que los funcionarios de inmigración tienen el mandato de sopesar la totalidad de los recursos financieros del solicitante y sus perspectivas de ingresos futuros. A casi el 60 por ciento de las personas que solicitan el ajuste de estatus se les pedirá que presenten una declaración jurada de apoyo de un familiar u otra persona.
“Esto será altamente considerado para la aprobación de la solicitud de ajuste de estatus”, dijo Lai.
La retórica de la administración Trump tuvo un efecto paralizante en las familias inmigrantes. Por ejemplo, durante el gobierno de Trump, más de 240,000 niños en Texas fueron dados de baja por sus padres de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños, señaló Anne Dunkelberg, Directora del Programa del equipo de salud y bienestar de la organización sin fines de lucro Every Texan.
En Texas, uno de cada cuatro niños tiene un padre que no es ciudadano estadounidense. Muchos de ellos son indocumentados, señaló Dunkelberg en una rueda de prensa el 13 de septiembre.
“Los padres ya no tienen que temer inscribir a los miembros de su familia que califican con los requisitos para tener acceso a las prestaciones públicas. No afectará a su propio estatus migratorio”, dijo.
Ha habido mucha información errónea sobre la norma de la carga pública, lo que ha disuadido a la gente de inscribirse en los beneficios a los que tienen derecho, dijo Jennifer Duarte, del Proyecto Vida, con sede en Texas. “Las familias siguen teniendo temor, porque siguen basándose en información errónea. La nueva carga pública es una pequeña victoria en una batalla en curso”, dijo.
“Los políticos han avivado el miedo en la comunidad inmigrante, y seguirán haciéndolo”, dijo Esther Reyes Martínez, directora de política y defensa de la inmigración en el Fondo de defensa de los niños en Texas. Señaló que la nueva norma se ha redactado de manera que sea mucho más difícil para las futuras administraciones intentar cambiarla.
Varias organizaciones celebraron la nueva norma. Asian Americans Advancing Justice emitió un comunicado, señalando que la anterior norma de carga pública era “cruel por diseño”.
“No sólo pretendía favorecer a los inmigrantes blancos y ricos que solicitaban la admisión a los Estados Unidos o la green card, sino que también pretendía crear miedo y confusión sobre el uso de programas críticos que salvan vidas dentro de las comunidades de color de bajos ingresos”.
“Trágicamente, la emisión de la última norma causó que muchos inmigrantes de color, incluidos los asiático-americanos, se retiraran de la atención médica, los programas de nutrición, los servicios de vivienda y otros beneficios”, dijo la organización, señalando que la nueva norma simplifica en gran medida la prueba de carga pública.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro nacional de derecho de inmigración, dijo en un comunicado de prensa: “La norma de carga pública de la administración Biden se alinea con los principios de larga data en la ley de inmigración y proporciona aclaraciones útiles a la orientación preexistente”.
“Esta política es un paso importante en el avance de la prioridad de la administración Biden de abordar las desigualdades socioeconómicas y raciales que han sido exacerbadas por la actual pandemia de COVID-19”, dijo.
