Medidas electorales de California: lo que necesitas saber

Ben Christopher & Sameea Kamal | CalMatters
Un letrero de votación afuera de un colegio electoral en Los Ángeles el 7 de junio de 2022. Photo Credit: Pablo Unzueta / CalMatters

Se espera mucho de los votantes de California.

En cualquier año electoral dado, se nos puede pedir que nos quitemos el polvo de los sombreros de abogados laborales, repasemos las regulaciones de petróleo y gas, nos familiaricemos con décadas de política fiscal o analicemos la financiación de la infraestructura. Es posible que tengamos que sopesar las ventajas y desventajas morales de la pena capital, el matrimonio igualitario o la protección de los cerdos y –  una y otra vez –  supervisar todo lo relacionado con la clínica de diálisis.

Este noviembre no es diferente. Se pedirá a los votantes que consideren siete propuestas políticas espinosas, desde el aborto hasta vehículos de cero emisiones. Muchos más no calificaron para la boleta electoral, incluido uno para aumentar el salario mínimo a $18 la hora. Eso significa que los votantes decidirán la menor cantidad de medidas en un año electoral desde 1916.

¿De qué se tratan realmente estas medidas electorales? ¿Cómo llegaron a la boleta electoral en primer lugar? ¿Y cómo se enamoraron por primera vez los californianos de la democracia directa?

A continuación, se explica la pasión de California por las propuestas.

¿Qué hay en su boleta electoral de noviembre?

Después de meses de recolección de firmas, recaudación de fondos y disputas legislativas, tenemos detalles sobre las medidas electorales que puedes votar este otoño.

  • Proposición 1: Poner medidas preventivas contra el aborto en la constitución de California:

Después de que se filtrara la noticia a principios de mayo de que la Corte Suprema de los EE. UU. planeaba dictaminar que la constitución federal no garantizaría el derecho al aborto, y que el 24 de junio revirtiera el precedente de cinco décadas, los principales demócratas de California prometieron “luchar como el infierno”, para  agregar la protección a la constitución estatal. La enmienda constitucional propuesta se presentó en la Legislatura a principios de junio y fue aprobada con el apoyo abrumador de ambas cámaras a finales de mes. Si los votantes lo aprueban, se impediría que el estado niegue o interfiera con el derecho de una persona a elegir un aborto y anticonceptivos.

California ha sido un refugio seguro para el acceso al aborto durante mucho tiempo. En 1969, la Corte Suprema del estado dictaminó que el derecho a la privacidad de la constitución de California implica el derecho al aborto. El acceso reproductivo también está protegido por ley. Los partidarios esperan que esta enmienda reitere esa política de manera más explícita y haga que sea más difícil revertirla en el futuro, aunque algunos juristas dicen que el lenguaje aún es demasiado ambiguo.

Propuestas 26 y 27: Legalizar las apuestas deportivas, dos formas: Después de que la Corte Suprema de los EE. UU. derogara una ley federal que prohibía las apuestas deportivas reguladas por el estado, dos intereses de grandes gastos se intensificaron con las propuestas de legalización de California.

La Prop. 27 permitiría a los californianos apostar en deportes y otras competencias en línea, pero solo a través de tribus de juego certificadas y compañías de apuestas en línea grandes y bien establecidas.

La medida, financiada por los gigantes de la industria FanDuel y DraftKings, potencialmente destinaría cientos de millones de dólares en ingresos por tarifas a viviendas y servicios para californianos sin hogar.

La Prop. 26, apoyada por algunos de los gobiernos tribales del estado, solo legalizaría las apuestas deportivas presenciales en casinos tribales e hipódromos designados. La medida, que también permitiría a las tribus ofrecer ruletas y otros juegos de dados, recaudaría potencialmente decenas de millones de dólares para el presupuesto estatal, la mayoría de los cuales se gastarían a discreción del gobernador y la Legislatura.


  • Proposición 28: Apartar fondos escolares para las artes y la música:
    Impulsada por el ex superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Austin Beutner, esta medida requeriría que el estado reserve una parte de sus ingresos — probablemente entre $ 800 millones y $ 1 mil millones por año — para clases de arte y educación. El nuevo dinero se reservaría de manera desproporcionada para las escuelas con muchos estudiantes de bajos ingresos para contratar nuevo personal artístico.

Proposición 29: Reglas de la clínica renal, ¿a la tercera es la vencida? Esta medida impone a las clínicas de diálisis una serie de nuevas restricciones, incluido el requisito de que un médico, un enfermero practicante o un asistente médico estén en el lugar durante todas las horas de tratamiento. También se requeriría que los centros obtengan la aprobación del estado antes de cerrar o reducir los servicios y hacer una lista pública de cualquier médico que tenga al menos una participación del 5% en la propiedad de una clínica.

¿Suena familiar? Eso se debe a que Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, el sindicato que apoya esta medida, ha intentado sin éxito persuadir a los votantes para que apoyen las nuevas regulaciones de los centros de diálisis dos veces antes, en 2018 y 2020, a pesar de la oposición vehemente y muy costosa de la industria.

  • Proposición 30: Millonarios pagando por autos eléctricos

Esta medida impondría un nuevo impuesto del 1.75 % sobre los ingresos de cualquier individuo de más de $2 millones por año para recaudar entre $3 mil millones y $4.5 mil millones cada año para financiar una colección de iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero. La mayor parte del dinero se destinaría a nuevos incentivos para que los californianos compren vehículos de cero emisiones y construyan nuevas estaciones de carga eléctrica o de combustible de hidrógeno. (Lyft, que debe avanzar hacia los ZEV, es un financiador importante).

  • Una cuarta parte del nuevo dinero se destinaría a los esfuerzos de prevención y lucha contra incendios forestales.

Proposición 31: Reconsideración de una prohibición del tabaco con sabor: En 2020, el gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley que prohibía la venta de todos los productos de tabaco con sabor, ya sea fumado, masticado o vapeado. La industria del tabaco juntó suficientes firmas para pedir a los votantes que anulen la ley con este referéndum. (Un recordatorio: Votar “sí” es mantener la ley; votar “no” es deshacerse de ella).

¿Reglas más inteligentes o ‘extorsión?’

En 2014, los votantes de California estaban hartos de boletas llenas de demasiadas medidas, muchas de ellas muy técnicas, específicas de una industria o difíciles de entender.

Así que los legisladores estatales cambiaron las reglas. Si bien las iniciativas solo pueden presentarse ante los votantes en noviembre, un cambio en el código electoral le dio a la Legislatura más tiempo para celebrar audiencias públicas sobre las próximas medidas, al tiempo que brinda a los partidarios de la iniciativa la oportunidad de revisar o eliminar iniciativas más adelante en el proceso. El objetivo era un proceso más deliberativo y reflexivo con más espacio para el compromiso.

Pero el “compromiso” de una persona es la “extorsión legal” de otra persona.

Desde 2016, los patrocinadores de iniciativas han retirado cinco medidas parcialmente calificadas de la boleta electoral, pero solo a cambio de concesiones de la Legislatura. El ejemplo más notorio se produjo en 2018 cuando la industria de refrescos financió una medida electoral que habría dificultado mucho más que los gobiernos locales aumentaran los impuestos. Se retiraron de la iniciativa, que el entonces gobernador. Jerry Brown llamó una “abominación”, después de que los legisladores acordaron prohibir nuevos impuestos locales a los refrescos durante los próximos 13 años. Los críticos en ese momento equipararon la estrategia con la política arriesgada nuclear y la toma de rehenes, pero la mayoría de los demócratas en la Legislatura, aunque furiosos, no estaban dispuestos a arriesgarse a enviar la propuesta de limitación de impuestos a los votantes.

Este año, se lograron dos compromisos fuera de la boleta electoral. Abogados y grupos de consumidores acordaron retirar una medida que habría aumentado el límite de cuánto pueden demandar los pacientes por negligencia médica a cambio de un aumento menor.  Y el exdirector ejecutivo de la empresa de reciclaje Recology y algunos ambientalistas decidieron justo antes de la fecha límite del 30 de junio retirar una medida para eliminar gradualmente el uso de plástico no reciclable a cambio de un proyecto de ley alternativo.

Así que son dos medidas menos para tí este noviembre.

Una pequeña lección de historia

California es uno de los 24 estados con un proceso de iniciativa.

Si bien el estado ha tenido alguna forma para que los ciudadanos inicien leyes desde 1898, adoptó formalmente el proceso de iniciativa electoral después de una elección especial el 10 de octubre de 1911, cuando el entonces gobernador. Hiram Johnson convirtió en ley la capacidad de los votantes de destituir a los funcionarios electos, derogar leyes por referéndum y promulgar leyes estatales por iniciativa.

El impulso por una democracia más directa fue parte de un movimiento en los EE. UU. a fines del siglo XIX por reformas sociales y políticas. En California, fue alimentada por preocupaciones sobre la influencia que Southern Pacific Railroad y otros intereses “adinerados” tenían sobre la Legislatura.

Desde 1911 hasta las medidas electorales más recientes en noviembre de 2020, se han aprobado 2068 iniciativas para la recolección de firmas. De ellos, 392, o alrededor del 19%, calificaron para la boleta. Y de los que llegaron a la boleta, 137, o el 35%, han sido aprobados por los votantes, incluidas 39 enmiendas constitucionales. ¿La mayor cantidad de medidas en una sola boleta? 48 en 1914, seguido de 45 en 1990 y 41 en 1988.

¿Cuál es la diferencia entre un referéndum y una iniciativa?

Un referéndum permite a los votantes aprobar o rechazar un estatuto aprobado por la Legislatura, pero con algunas excepciones: estatutos de “urgencia” necesarios para la paz, la salud o la seguridad públicas; estatutos de convocatoria a elecciones; o leyes que imponen impuestos o proporcionan fondos para gastos corrientes.

Las iniciativas, que son más comunes que los referendos, proponen nuevos estatutos, así como enmiendas a la constitución de California. Desde 2011, las iniciativas solo pueden aparecer en la boleta electoral de las elecciones generales de noviembre.

En la mayoría de los casos, las iniciativas y los referendos comparten los mismos requisitos de firma — al menos el 5% del total de votos emitidos para el cargo de gobernador en la última elección. Sin embargo, una iniciativa de enmienda constitucional requiere al menos el 8% del total de votos emitidos en la elección de gobernador más reciente.

Actualmente, eso es un mínimo de 623.212 firmas para una iniciativa sobre un estatuto y 997.139 para una iniciativa para cambiar la constitución.

El largo y tortuoso camino hacia la votación

¿Qué puede ser una iniciativa? Cualquier cosa que sea el “tema apropiado de la legislación”, siempre que solo aborde un tema.

Para incluir una iniciativa o un referéndum en la boleta electoral, hay algunos pasos que pueden comenzar más de un año antes de las elecciones.

  • Los ciudadanos proponen una idea a la oficina del fiscal general del estado con una tarifa de $ 2,000, o la Legislatura aprueba un proyecto de ley.
  • El título y el resumen son escritos por el fiscal general.

En California, a diferencia de otros estados, el título y el resumen de la boleta no son redactados por el secretario de estado ni por una junta electoral. El lenguaje pretende ser neutral, pero los exfiscales generales Xavier Becerra y Kamala Harris fueron acusados ​​en ocasiones de no ser imparciales.

Por ejemplo, en 2020, Becerra describió la Proposición 6, una medida que habría derogado un paquete de impuestos y tarifas de $5 mil millones al año para los automovilistas, como: “Elimina ciertos fondos para la reparación de carreteras y el transporte. Requiere que el electorado apruebe ciertos impuestos al combustible y tarifas de vehículos”.

Después de una demanda, un juez ordenó que se reescribiera la primera parte de la frase, pero eso fue anulado por un tribunal de apelaciones del estado, que dictaminó que el fiscal general tiene “considerable libertad” para redactar el título. (Una iniciativa propuesta para transferir la autoridad de redacción a la Oficina del Analista Legislativo no partidista no calificó para la boleta electoral de noviembre).

Se reunen firmas
El número de firmas requeridas se basa en un porcentaje del total de votos en la última elección de gobernador.

  • Se alerta a los legisladores, luego de lo cual pueden realizar audiencias públicas.
    La Legislatura no puede enmendar la medida o evitar que aparezca en la boleta electoral, pero una ley de 2014 permite más margen de compromiso para que los proponentes retiren medidas calificadas de la boleta electoral.
  • Las firmas recopiladas son verificadas por la oficina del Secretario de Estado.
    Esto se hace de dos maneras, una vez que los proponentes de la medida presenten al menos el 100% de las firmas requeridas para calificar.
  • Bajo el método de muestreo aleatorio, cada oficina electoral del condado debe verificar al menos 500 firmas o el 3% del número de firmas presentadas en su oficina, lo que sea mayor. Si la muestra completa muestra que se prevé que la cantidad de firmas válidas supere el 110 % de las firmas requeridas, la medida califica. Si es menos del 95%, la medida no califica.

Si el número de firmas válidas en la muestra aleatoria representa entre el 95 % y el 110 % del total requerido, entonces el método de verificación completa requiere que los funcionarios electorales verifiquen cada firma en la petición presentada en su oficina.

Las campañas pagan entre $ 2 y $ 6 por firma a los recolectores de peticiones, según qué tan bien financiada esté la campaña y qué tan cerca estén de la cantidad requerida de firmas y la fecha límite. En los últimos dos años, debido a las medidas de seguridad de COVID-19 y la escasez de mano de obra, el precio por firma podría subir hasta $15, dijeron algunos estrategas a Los Angeles Times.

Una medida de votación en todo el estado se aprueba por mayoría simple de votos de la gente

Mucho dinero, grandes intereses

La historia fundacional de la medida electoral de California es una historia electoral de David contra Goliat. En 1911, los progresistas introdujeron el estatuto de iniciativa, el referéndum y la destitución como una forma de arrebatarle la máxima autoridad legislativa a una Legislatura corrupta y conferirla al electorado.

Pero desde los primeros días, Goliat aprendió a defenderse.

“El factor de control es el dinero”, dijo Glen Gendzel, profesor de historia en la Universidad Estatal de San José que ha escrito sobre la historia temprana de la democracia directa en California.  “Si se trata de un sistema de pagar para jugar, los que tienen más dinero van a jugar más”.

En 1920, los intereses agrícolas blancos ayudaron a patrocinar una medida que prohibía a los inmigrantes japoneses poseer tierras de cultivo. En 1926, el lobby lácteo declaró una costosa guerra contra los productores de margarina. A lo largo de esa década, las empresas de servicios públicos privados ayudaron a derrotar tres intentos de establecer una agencia pública de energía hidroeléctrica. Ya en 1923, un comité legislativo especial llegó a una conclusión deprimente sobre el experimento de California con la democracia directa: “La victoria está del lado de la bolsa más grande”.”

Ese no fue siempre el caso, ni lo es hoy. A veces, la apariencia de tratar de comprar una ley puede resultar contraproducente. En 2010, PG&E gastó casi $50 millones, más de 300 veces más que la oposición, en una campaña para dificultar que los gobiernos locales establezcan sus propias agencias públicas de energía. La utilidad perdida.

En los últimos años, muchos intereses comerciales han ido a la boleta electoral no solo para promover sus propios objetivos políticos, sino también para revertir el trabajo de la Legislatura cada vez más demócrata de California. Esa estrategia valió la pena para las empresas de aplicaciones de transporte compartido y los agentes de fianzas en 2020, cuando ambas industrias gastaron millones para deshacer las leyes estatales destinadas a transformar o prohibir sus modelos comerciales. Sin duda, los fabricantes de cigarrillos y líquidos para vaporizadores estaban tomando nota. Este año, están financiando un esfuerzo para anular una prohibición estatal sobre el tabaco con sabor.

¿Por qué es tan confuso a veces?

Es posible que aparezcan en la boleta varias iniciativas de ley sobre el mismo tema, incluso aquellas que entren en conflicto entre sí. Si una es aprobada por los votantes y las demás son rechazadas, es simple: La aprobada entra en vigor. Y si pasan varias y no entran en conflicto entre sí, todas entran en vigor.

Pero si múltiples medidas pasan ese conflicto, la medida o disposición de una medida que recibe más votos a favor es la que entra en vigor.

Este noviembre, ese será el caso con la gran batalla de dinero entre las medidas de apuestas deportivas en línea que compiten, una patrocinada por gigantes nacionales en la industria, la otra por algunas tribus nativas americanas.

Uno de los ejemplos más recientes fue en 2016, cuando hubo la Proposición 62 para derogar la pena de muerte, pero también la Proposición 66 para acelerar el proceso de apelación de la pena capital al poner a cargo a los tribunales de primera instancia. Because El 51,1% de los votantes aprobó la Prop. 66, reemplazó la Prop. 62, aprobada solo por el 46,8%.

En 2010, la Prop. 20, una medida que agregaba la redistribución de distritos del Congreso a las funciones de una comisión independiente de redistribución de distritos, compitió con la Prop. 27, cuyo objetivo era disolver la comisión. La Prop. 27 fracasó.

Y en la boleta electoral de 1988, los californianos se enfrentaron a cinco iniciativas contrapuestas sobre la reforma del seguro de automóviles. Los votantes aprobaron solo uno. También en 1988, la Prop. 68 y la Prop. 73 se enfrentaron en la regulación de las contribuciones de campaña política. La Prop. 73 recibió más votos a favor y, después de una batalla legal, la Corte Suprema de California dictaminó que entraría en vigor, solo para ser desechada por otra demanda.

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