Tres nuevos proyectos de ley presentados ante la legislatura de California tienen como objetivo poner fin a las prácticas del sistema judicial que, según algunos grupos, equivalen a una criminalización de la pobreza.
Debt Free Justice California es una coalición de defensores legales, expertos en políticas y organizaciones dedicadas a la construcción de movimientos que trabajan para promover la justicia racial y económica.
Brandon Greene, director de promoción de políticas del Western Center on Law and Poverty, afirmó que el proyecto de ley 2121 de la Asamblea impediría que los tribunales emitieran órdenes de detención que permiten a la policía arrestar a personas que no se presentan ante el tribunal por infracciones que no son punibles con pena de cárcel.
“Así que la gente acaba enredada en el sistema penal por cosas que son muy insignificantes”, dijo, “y a los tribunales y otras entidades les cuesta más dinero intentar hacer cumplir la ley”.
Una segunda propuesta, el proyecto de ley 2428 de la Asamblea, eliminaría ciertos gastos administrativos que, según los defensores de esta medida, empujan a las familias a endeudarse. Esto incluiría las comisiones por cheques sin fondos y las tasas para acogerse a un plan de pago o participar en servicios comunitarios.
Los detractores del proyecto de ley han afirmado que las tasas son necesarias para cubrir los gastos, pero Greene argumentó que los legisladores simplemente reinvierten esas tasas en el sistema judicial, para no tener que aprobar aumentos de impuestos políticamente impopulares.
Calificó las tarifas de injustas y añadió que afectan de manera desproporcionada a las comunidades de color con bajos ingresos.
“Calificamos estas tasas como una forma de extracción de riqueza por motivos raciales”, afirmó, “porque, a menudo, estas tasas se utilizan para financiar servicios que deberían ser financiados por el Estado, y no a costa de los californianos pobres de raza negra y de otras etnias”.
Un tercer proyecto de ley, el proyecto de ley del Senado 498, impediría que las cárceles y prisiones de California cobren una tarifa por minuto por las visitas por video y los sistemas de mensajería electrónica.
