La decisión incompleta de la Suprema Corte de Justicia sobre la orden ejecutiva para negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados, tiene implicaciones históricas para el futuro de Estados Unidos.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los migrantes creen que si se termina negando la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados, se estaría acercando al escenario de una película de ciencia ficción, con una subclase de personas sin patria y sin derechos claros.
“Esta orden ejecutiva se opone directamente a nuestra Constitución, valores e historia, y crearía una subclase permanente y multigeneracional de personas nacidas en Estados Unidos, pero a quienes se les niegan todos sus derechos”, declaró Devon Chaffee, director ejecutivo de la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU) de New Hampshire, uno de los grupos que impugnó la orden ejecutiva contra la ciudadanía por nacimiento.
“Esto obligaría a que se tengan que radicar cientos y miles de demandas en los estados, para que pueda haber un efecto a nivel nacional y mientras todo eso ocurre, se le hace daño a mucha gente”, afirma el abogado migratorio Rafael Borrás.
En virtud de la 14 Enmienda Constitucional, promulgada en 1868, todas las personas nacidas en los Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria, adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Treinta años después, la enmienda fue puesta a prueba en el caso de Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes chinos nacido en San Francisco en 1873, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos. en 1895 a su regreso de un viaje a China
En 1898, la Corte Suprema falló a su favor en una decisión de 6 contra 2, afirmando que toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, es ciudadana de Estados Unidos.
A pesar del precedente jurídico, bajo la orden ejecutiva del presidente Trump se argumenta que el espíritu de la enmienda aplica a los esclavos pero no a las personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.
Por ahora la Corte suprema sólo decidió el alcance de las decisiones de los jueces federales pero no resolvió si es o no constitucionalidad de la orden ejecutiva presidencial.
Así que en menos de 30 días un total de 28 estados republicanos podrían ponerla en marcha a menos que tenga éxito una nueva demanda presentada después del fallo por la ACLU y otras organizaciones.
Es verdad que muchos países de Europa y Asia no otorgan ciudadanía por nacimiento (ius soli), sino por lazos consanguíneos (ius sanguinis). Tal es el caso de España, Alemania, Francia, China, Japón, Rusia y Suiza, entre otros.
Pero la dimensión del impacto no tendría las mismas consecuencias que en Estados Unidos.
De acuerdo con el Pew Research Center, unos 4 millones de estadounidenses tienen al menos un progenitor indocumentado. Y cada año nacen 255,000 bebés en la misma condición.
“Se crearía una subclase multigeneracional que se autoperpetúa, en la que los residentes nacidos en Estados Unidos heredarían la desventaja social de sus padres e incluso, con el tiempo, de sus abuelos y bisabuelos”, coincide el Instituto de Política Migratoria (MPI).
Es decir no serían ciudadanos de Estados Unidos, pero tampoco necesariamente ciudadanos de otro país. Estarían en un limbo jurídico. Estas personas no podrían votar, acceder a ciertos beneficios públicos ni obtener documentos como pasaportes. Vivirían bajo riesgo de deportación, aunque hayan nacido y vivido toda su vida en Estados Unidos.
Se rompería el principio de igualdad ante la ley: hijos de inmigrantes indocumentados tendrían menos derechos que otros niños nacidos en el mismo país.
La mayoría pertenecen a minorías raciales o étnicas, especialmente de origen hispano, lo que refuerza disparidades históricas. Al crecer sin ciudadanía, se limitarían sus oportunidades educativas, laborales y económicas, perpetuando una desventaja social estructural.
Si el país de origen de los padres no reconoce automáticamente al niño como ciudadano, podría quedar sin nacionalidad reconocida por ningún país . No se trataría únicamente de una política migratoria, sino de una redefinición profunda sobre los principios y valores de lo que significa ser estadounidense.
