Los defensores de la reforma de la justicia penal advierten que la aprobación de la Proposición 36 significara una fuerte reducción de los fondos para iniciativas contra el crimen. La medida aumenta las penas para ciertos delitos relacionados con drogas y robo, convirtiéndolos en delitos graves que conllevan penas de cárcel. Will Matthews, de la organización sin fines de lucro Californians for Safety and Justice, dice que a los votantes se les hicieron falsas promesas de que la Proposición 36 reduciría los delitos contra la propiedad al obligar a más personas a elegir entre tratamiento y encarcelamiento.
“Realmente fue una iniciativa falsa que ahora resultara en que se desvíen miles de millones de dólares del tratamiento de adicciones, enfermedades mentales y ayuda a personas que regresan a casa después de un periodo de encarcelamiento,” explico Matthews.
La Proposición 36 deroga partes de la Proposición 47, que canalizo los ahorros provenientes de la reducción de los costos penitenciarios hacia programas diseñados para combatir la pobreza y la adicción, causas fundamentales del crimen.
El profesor de ciencias políticas Christopher Hallenbrook de Cal State Dominguez Hills está de acuerdo en que la Proposición 36 le costara al estado cientos de millones, dinero que se desviara de iniciativas contra el crimen.
“No hay forma de pasar la Prop. 36 y no meter a más personas en la cárcel. Cuanto más dinero gasta en encarcelamiento, menos dinero gasta en otras cosas. Esta es definitivamente una evaluación precisa y parece ser una que los votantes decidieron que estaban de acuerdo,” argumento además Hallenbrook.
La Proposición 36 fue financiada en gran medida por gigantes minoristas como Home Depot, Target y Walmart, con la esperanza de que la perspectiva de sanciones más altas disuadirá los delitos a las cadenas minoristas.
