El Golden State ha eliminado de forma permanente la cifra sin precedentes de 11 millones de antecedentes penales en los seis primeros meses de la aplicación de una ley de reforma de la justicia penal, según los datos que acaba de hacer públicos el Departamento de Justicia de California.
La Ley de la Asamblea 1076 exigía al Departamento de Justicia la eliminación automática de antecedentes de personas con detenciones, pero sin condenas, para personas con condenas en su mayoría de delitos que no conllevaron a una sentencia de prisión y para aquellos que han completado con éxito su sentencia.
Jay Jordan es director ejecutivo de la Alianza para la Seguridad y la Justicia.
“Esto ha sido algo en lo que hemos estado trabajando durante cinco años,” dice Jordan. “Y no estábamos seguros acerca de la implementación y que tan rápido trabajaria el Departamento de Justicia. Pero son 11 millones de registros según todos los informes, es la eliminación automática más grande en la historia de Estados Unidos, por el corto periodo de tiempo que tiene.”
Tras la aprobación del proyecto de ley en 2019, el estado desarrollo un software para analizar los registros y comenzaron las eliminaciones el verano pasado, proporcionando alivio a 2.1 millones de personas en los primeros seis meses.
En California, se estima que 8 millones de personas tienen un arresto o condena en sus antecedentes y se enfrentan a miles de restricciones legales para empleos, vivienda y más.
Jordan afirma que todo el mundo se beneficia cuando las personas que viven con una condena o arresto pueden participar plenamente en la economía.
“Este es el proyecto de ley de empleo contra la delincuencia,” asegura Jordan. “Si la gente está trabajando, si pueden conseguir apartamentos, no van a cometer delitos. Si la gente es capaz de cuidar de sus hijos, tener el dinero para comprar comida, pueden pagar sus facturas del coche o de luz, no van a estar en las calles.”
Antes del 2019, el proceso de cancelación de antecedentes penales en California era complejo, caro y lento debido a la acumulación de casos pendientes.
Otro proyecto de ley, AB 1331, creo una base de datos que permite al DOJ y al sistema judicial intercambiar información de forma más eficiente.
