Seis periodistas han sido asesinados en México este año: José Luis Gamboa de Veracruz, el 10 de enero; Margarito Martínez Esquivel, de Tijuana, el 17; Lourdes Maldonado también de Tijuana, el 23; Roberto Toledo de Zitácuaro, Michoacán, el 31; Ernesto Islas Flores de Tijuana, el 6 de febrero y Héber López de Salina Cruz, Oaxaca, el 10 de febrero.
En comparación, en todo 2021, hubo nueve asesinatos. Y 147 desde comienzos del año 2000.
La situación empeora.
A nuestros colegas mexicanos no solamente los matan: Desde 2000, se acumularon más de 20 desapariciones de periodistas sin esclarecer. Los ataques a golpes, el robo de materiales de trabajo, las llamadas telefónicas con amenazas, son miles.
La criminalización de las víctimas por los responsables de esclarecer los crímenes es ya común. Investigaciones se dilatan artificialmente. Datos que se para revictimizar a los atacados.
Como si la vida de un periodista no valiera nada.
Los culpables son raramente identificados, arrestados, acusados o castigados.
Ejercer la profesión periodística en México es hoy casi como dibujarse un blanco en la espalda, donde los asesinos puedan apuntar. Es como vivir en un país en guerra.
El peligro acecha tanto desde el hampa como desde círculos del poder incómodos con las verdades que destapan nuestros colegas.
No quieren que las verdades que buscan los periodistas salgan a la luz. Si son narcos, porque peligran sus ganancias; si son políticos, porque la libertad de expresión es su enemigo y el derecho de la ciudadanía a estar informada, su mayor amenaza.
En México, como en otros países latinoamericanos, la violencia parece imparable: un centenar de personas mueren cada día por violencia. Casi todos los crímenes quedan impunes.
Cada crimen que no se investiga es una invitación al próximo.
La semana pasada en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador los periodistas se negaron a hacerle más preguntas, en protesta por estos asesinatos.
Una colega local leyó entre lágrimas los nombres de los asesinados. Todos dijeron “Presente”.
Es que ya no pueden más.
También protestaron en el Senado y la Cámara de Diputados.
“Trabajamos bajo la sombra de ser asesinados y nuestros crímenes no se aclaran”, dijeron.
El mes pasado, los periodistas en al menos 30 ciudades exigieron un alto a los asesinatos.
“Nos queremos con vida”, dijeron.
Los periodistas y sus aliados reaccionan; organizan movilizaciones y protestas, apelan al poder ejecutivo. Pero los ataques siguen. Siguen, porque el sistema de impunidad requiere que a la injusticia le siga el silencio.
Y el resultado es la autocensura. Múltiples medios locales mexicanos se limitan a informar
sobre espectáculos y novedades del vecindario y casi no reportan balaceras, ni cadáveres, ni siquiera en las redes sociales.
Pululan las zonas de silencio.
Cuando los periodistas y sus editores, por temor, dejan de informar a la comunidad, la situación es urgente.
A los periodistas mexicanos que se están movilizando expresamos nuestra honda solidaridad con su situación. Apoyamos totalmente sus demandas al poder ejecutivo de protección, esclarecimiento y justicia.
Si no obra un cambio en sus prioridades el país vecino será un desierto informático, donde el crimen y el desgobierno reinarán desde las tinieblas. Y no habrá nadie para desenmascararlos.