¿Qué pensaría si le dijera que, en cierto país, los legisladores federales se fueron a disfrutar de unas deliciosas vacaciones de verano, sin proteger del riesgo de desalojo a millones de familias pobres, en medio de una de las peores pandemias en la historia de la humanidad?
¿Pensaría que es un país del llamado Tercer Mundo, donde la clase política es con frecuencia una élite de millonarios desconectada de la realidad de sus gobernados?
¿Y si le dijera que a ese país se le conoce como los Estados Unidos de América?
Así es, los miembros de la Cámara de Representantes pusieron en marcha su receso para las vacaciones del verano sin ponerse de acuerdo en la aprobación de una extensión de la moratoria de desalojo de inquilinos, que podría afectar a 11 millones de personas en 6 millones de familias, según el Instituto Aspen.
Con una impecable lógica de la salud pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían establecido una moratoria de los desalojos, pero la Suprema Corte de Justicia, determinó en junio que los CDC habían actuado por encima de sus facultades legales.
La Casa Blanca urgió al congreso a aprobar una extensión, bajo el argumento de que el fallo de la corte suprema la había atado de manos. Sin la capacidad de obtener los votos necesarios, la líder demócrata Nancy Pelosi tomó la ruta más sencilla: culpar a los republicanos.
Pero la representante Alexandria Ocasio-Cortés dejo en claro que la realidad fue que algunos demócratas amenazaron con subirse a un avión para no votar. “No podemos culpar a los republicanos, si los demócratas tenemos la mayoría”, sostuvo.
La falta de una acción legislativa, que hubiera instruido a los CDC a extender la moratoria al menos hasta el 18 de octubre, pondrá en riesgo nuevamente a quienes han sufrido uno de los peores golpes durante la pandemia: las minorías de color qué representan una de las principales columnas de apoyo de los trabajadores esenciales.
Más de 2 millones de familias latinas ya se encontraban retrasadas en el pago de sus rentas aún antes de la pandemia. Una de cada dos familias hispanas tiene temor de no contar con los fondos suficientes para pagar la renta el próximo mes.
De último momento, administración Biden emitió a través de los CDC una nueva moratoria, más limitada, que protegerá hasta el 3 de octubre a los inquilinos y propietarios de viviendas en renta que viven en áreas de “alto” contagio de coronavirus, debido principalmente a la variante Delta.
Aunque bienvenida, se trata de una solución temporal y provisional. La crisis de vivienda no se resolverá en 60 días porque está enraizada en disparidades económicas que afectan desproporcionalmente a las comunidades de color. Es hora de un plan integral de largo plazo que ofrezca estabilidad a las familias de los trabajadores esenciales que son la columna vertebral del país.
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