El repunte en la llegada de migrantes y niños migrantes no acompañados a la frontera entre Estados Unidos y México ha desnudado un obvio dilema para la administración Biden: ¿Cómo enviar el mensaje de que existe ahora una política migratoria más digna y humanitaria, sin desatar que oleadas de empobrecidos migrantes centroamericanos arriesguen la vida para realizar el peligroso viaje desde sus países?
Es verdad que las bandas criminales dedicadas al contrabando ilegal de personas aprovechan el río revuelto para convertir el sufrimiento y la esperanza de los migrantes en lucrativas ganancias. Pero también es cierto que la realidad de los países expulsores es mucho más compleja y requiere soluciones integrales que remedien problemas estructurales de desigualdad, pobreza, corrupción e inseguridad.
De acuerdo con las propias cifras del Departamento de Seguridad Interna (DHS), la tendencia de las nuevas llegadas de migrantes centroamericanos se perfila a alcanzar el mayor número de personas aprehendidas en la frontera México Estados Unidos en más de dos décadas.
Tiene la razón la coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur, Roberta Jacobson, cuando sostiene que aplicar la política migratoria más cruel posible -como lo hizo la administración Trump con su política de expulsar, separar o enjaular a menores de edad—no debe ser el único medio para enviar el mensaje de que la frontera no está abierta si las personas buscan ingresar ahora de manera irregular.
Activistas migratorios me dijeron sin embargo que la administración Biden sí puede hacer varias cosas de manera inmediata: respetar que los menores no estén más de 72 horas bajo custodia y darles un hospedaje digno, algo que empezó a tratar de hacer al involucrar a la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).
Pero también debe reducir trabas burocráticas y destinar más recursos para el procesamiento expedito de los menores de edad, de tal manera que se garantice el acceso de los niños y sus familias a un abogado y que se acelere la revisión de antecedentes penales de las familias que los pueden acoger en los Estados Unidos.
Aparentemente alarmados por la situación, una docena de legisladores republicanos encabezados por su líder en la Cámara Baja Kevin McCarthy, visitó la frontera con Texas y culpó a la administración Biden de la situación. No recuerdo que alguno de esos sensibles legisladores haya denunciado la cruel política de separación y enjaulamiento de menores de edad de la era Trump.
La Cámara de Representantes empieza esta semana la consideración de varias iniciativas migratorias.
La mejor manera de que demócratas y republicanos pueden mostrar que apoyan una solución duradera y de largo plazo para una política migratoria ordenada, segura y legal es mostrar la voluntad política de negociar una legislación urgente, digna y humanitaria que incluya recursos a los países expulsores.
De lo contrario, la verdadera crisis seguirá acechando a la vuelta de la esquina.
