TACOMA, Washington – El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva esta semana que pone fin al uso federal de prisiones privadas, pero la orden no incluye las instalaciones migratorias de gestión privada, como el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma.
Anteriormente conocido como el Centro de Detención del Noroeste, la instalación está dirigida por GEO Group y es una de las más grandes del país.
Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria del grupo La Resistencia, que durante mucho tiempo ha pedido el cierre del centro, vio la orden de Biden como engañosa.
“Esta no es la solución a la empresa de detención migratoria que se ha construido”, sostuvo Villalpando. “Y ahora tenemos que presionarlo a él y a toda su administración para que comiencen a eliminar gradualmente la detención privada y en última instancia, cierren todos los centros de detención”.
La orden ejecutiva del presidente es una continuación de una política de la era de Obama. Ordena al Departamento de Justicia que no renueve sus contratos con cárceles privadas.
Más de 14.000 personas están alojadas en las instalaciones. Hace un año, el 81% de las personas detenidas bajo custodia de ICE estaban recluidas en instalaciones de propiedad privada, según la ACLU.
Villalpando señaló que los legisladores del estado de Washington están considerando el proyecto de ley 1090 de la Cámara de Representantes, que prohibiría las instalaciones de detención privadas con fines de lucro.
“No podemos depender del Congreso ni del presidente para resolver todos estos problemas”, afirmó Villalpando. “Estos problemas son tan complicados que debemos trabajar en todos los niveles posibles”.
El Proyecto de Ley de la Cámara 1090 está programado para una sesión ejecutiva hoy en el Comité de Seguridad Pública de la Cámara.
Villalpando dijo que otros estados, incluidos Nuevo México y Maryland, también están trabajando para prohibir las prisiones privadas.
