SACRAMENTO, California. – Los grupos de derechos de los inmigrantes se están pronunciando en contra de la nueva propuesta de inmigración del presidente Donald Trump – revelada el jueves pasado – diciendo que traiciona los valores estadounidenses e ignora los asuntos más espinosos que hasta ahora han sostenido un acuerdo de inmigración integral en el Congreso.
Si la nueva propuesta se convierte en ley, los migrantes tendrían que tomar un examen de educación cívica y demostrar competencia en inglés. Se les juzgará según un sistema de puntos que favorezca a aquellos que son más jóvenes, mejor educados o altamente capacitados, o que tienen una oferta de trabajo esperándolos.
Karina Martínez, directora de comunicaciones del grupo Mi Familia Vota Los Ángeles, dice que no se parece mucho a un país fundado para dar la bienvenida a personas de todos los orígenes económicos.
“Si bien está bien tener programas de inmigración basados en habilidades, nuestra inmigración no debe limitarse solo a unos pocos elegidos y élites”, dice Martínez. “Especialmente cuando agrega una prueba de idioma, solo va en contra de nuestros valores nacionales”.
El presidente defiende su política y dice que protegerá los empleos al mantener a más trabajadores con salarios bajos.
Según el Consejo de Inmigración de los Estados Unidos, más del 25% de los residentes de California son nacidos en el extranjero y el 20% son nativos con al menos un padre inmigrante. El estado también alberga a 2.4 millones de inmigrantes indocumentados, que son una gran parte de la fuerza laboral y contribuyen a la economía a través del gasto y los impuestos.
Martínez señala que la propuesta no menciona el camino hacia la ciudadanía para los 200,000 beneficiarios de DACA que viven en California.
“Quieren poder usar lo que han aprendido y aprovechar las habilidades que tienen”, dice Martínez. “Entonces, es una verdadera tragedia cuando el presidente Trump está haciendo más para lastimar a las personas que para ayudar a las personas”.
Los críticos de la propuesta también señalan que no aborda el destino de los 450,000 titulares del Estado de Protección Temporal, o los 11 millones de personas indocumentadas que viven actualmente en los Estados Unidos.
