Anthony Advincula
Ethnic Media Services
WASHINGTON, D.C. — El gobierno de Estados Unidos ha detenido y deportado a más migrantes no autorizados de países centroamericanos que de México en los últimos cinco años, según el último informe publicado el miércoles por el Migration Policy Institute (Instituto de Políticas de Migración, o MPI, por sus siglas en inglés).
Entre 2014 y 2018, el informe mostró que el número de arrestos y deportaciones de migrantes no autorizados que son guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, en la frontera entre Estados Unidos y México superó al de los migrantes de México. Tan solo en 2017, hubo 163,000 detenciones de migrantes de los países del Triángulo del Norte, en comparación con 128,000 detenciones de mexicanos, un patrón que ha continuado en 2018.
Con este cambio, según el informe, también cambian las actividades, la demografía y los patrones de migración por la frontera sur.
En el pasado, los migrantes que cruzaban la frontera eran en su inmensa mayoría hombres solos. Ahora, han cambiado a familias que viajan juntas, miembros de la comunidad LGBTQ, mujeres y niños no acompañados por adultos.
Y mientras que en períodos anteriores los migrantes cruzaban principalmente por razones económicas, las personas que llega a la frontera incluyen un gran número de migrantes que buscan asilo o protección humanitaria, incluyendo más de 6,000 miembros de caravanas en 2018, lo que pone mucha presión sobre los sistemas de asilo de Estados Unidos y México e intensifica los debates políticos en cuanto a las políticas de inmigración.
Según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los migrantes de los países del Triángulo del Norte presentaron aproximadamente 40,000 solicitudes de asilo en los tribunales de inmigración de Estados Unidos en 2016, casi cinco veces más que las presentadas en 2012. Desde entonces, la administración de Trump ha tomado una serie de medidas para restringir el acceso a las protecciones humanitarias.
Hemos estado observando un cambio importante, y la naturaleza y la escala de las repatriaciones también están cambiando”, dijo Ariel Ruiz Soto, analista asociado de políticas y uno de los autores del informe, “Reintegración Sostenible”: Estrategias para apoyar a los migrantes que regresan a México y Centroamérica”.
Se están formando nuevas caravanas
A medida que la magnitud de las detenciones y deportaciones en la frontera entre México y Estados Unidos continúa, también se prevé que se formarán nuevas caravanas. Esto aumenta, añade Soto, la presión sobre México y los países del Triángulo del Norte para que mejoren su capacidad de recibir y reintegrar a los migrantes que regresan.
Esta semana, se reporta que cientos de hondureños habían abandonado la ciudad de San Pedro Sula en una nueva caravana y cruzado pacíficamente hacia Guatemala, con la esperanza de llegar a los Estados Unidos o a México. Se vaticina que el número de migrantes que se unan a esta caravana aumentará a lo largo del camino.
Las noticias sobre este último viaje llegan cuando el presidente Trump exige 5,900 millones de dólares para construir el muro fronterizo, lo que ha resultado en un cierre parcial del gobierno que se convierte en el más largo de la historia.
“Una gran caravana nueva se dirige a nuestra frontera sur desde Honduras. Díganle a Nancy Pelosi y a Chuck que un dron volando por ahí no los detendrá. Sólo un muro funcionará”, escribió Trump el martes vía Twitter, aludiendo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer.
Servicios de recepción y reintegración
Según el informe del Instituto de Políticas de Migración (MPI, por sus siglas en inglés), si se mejoran los servicios y programas de recepción y reintegración en los Estados Unidos, México y Centroamérica, ello podría tener un efecto positivo a largo plazo tanto para los países de origen como para los de destino.
Estos servicios y programas ayudarían a los migrantes retornados (voluntaria o involuntariamente) o repatriados “a encontrar su lugar en las comunidades locales y obtener mejores medios de vida a largo plazo, [y] tienen el potencial de reducir la migración ilegal repetida, al tiempo que permiten a los países de origen beneficiarse de las habilidades y los activos que los migrantes han adquirido en el extranjero”, revela el informe.
Rodrigo Domínguez-Villegas, consultor independiente de MPI y coautor del informe, dijo que mientras que México, que tiene mucha más experiencia en servir a los migrantes que regresan, los países del Triángulo del Norte ahora están mostrando avances en los servicios de recepción y reintegración, incluyendo visa de trabajo, refugio, educación, atención médica y apoyo psicosocial.
“Estas son oportunidades muy prometedoras para ellos”, dijo. Si están bien organizados, son una gran inversión para todos estos países”.
Carencia de identificación y certificados de capacidades
Pero las oportunidades también conllevan desafíos. La mayoría de los migrantes que regresan de México y de los países centroamericanos carecen de documentos de identidad que les permitan acceder a los servicios del gobierno y, por lo tanto, tienen dificultades para encontrar empleos, especialmente entre los migrantes altamente calificados, que se ajusten a sus capacidades y a sus necesidades en el mercado laboral.
La mayoría de estos migrantes no tienen un documento de identidad, pasaporte o certificado de nacimiento, o no estaban en su poder cuando fueron detenidos por las autoridades de inmigración. Y una vez que comienza el proceso de reintegración, muchos de estos migrantes descubren que los empleadores requieren certificación de habilidades y otras credenciales que a menudo son demasiado difíciles de obtener, lo que los lleva a obtener empleo como vendedores ambulantes, sirvientas o conductores personales, los cuales probablemente no están cubiertos por las normas laborales.
Luis Argueta, guatemalteco-americano y productor y director de cine, dijo que el otro obstáculo es que muchos de los migrantes que regresan y los funcionarios del gobierno ni siquiera están al tanto de estos servicios y programas de reintegración. Agregó que los deportados en México y en otros países centroamericanos, también enfrentan el estigma social y la discriminación en el empleo.
“Es un verdadero obstáculo cuando los migrantes y los funcionarios del gobierno tienen un conocimiento limitado de estos servicios, entonces estos programas de asistencia limitan su uso y ponen en duda su eficacia y confianza en el gobierno”, dijo. “Habiendo experimentado traumas en los centros de detención, es más difícil para estos migrantes lidiar con la estigmatización social, lo que resulta en la restricción de sus opciones de empleo en el sector formal”.
