Selen Ozturk
American Community Media
Una propuesta de la administración de Trump para reformar el censo de 2030 excluiría a los inmigrantes en situación irregular, eliminaría las preguntas sobre raza, origen étnico y orientación sexual, y modificaría los requisitos de prueba de residencia que se utilizan para asignar escaños en el Congreso y fondos federales.
El Departamento de Comercio publicó el 10 de septiembre el aviso federal de propuesta de reglamentación para el censo decenal, con un período de comentarios públicos de 33 días que finaliza el 13 de octubre.
La medida generó críticas por parte de defensores de los derechos civiles, quienes argumentan que la norma propuesta elude la supervisión que suele acompañar a los ajustes metodológicos, y en su lugar busca cambiar quiénes son contados, cómo se define la residencia y qué datos puede recopilar el gobierno, lo cual tiene un impacto directo en la distribución de escaños en el Congreso y en la asignación de fondos federales.
A principios de 2025, una orden ejecutiva de Trump disolvió los tres comités asesores de la Oficina del Censo que habían evaluado dichos cambios, incluido un comité dedicado a los datos sobre raza y origen étnico.
“Para ser claros, desde nuestra perspectiva, esta norma es inconstitucional”, afirmó John Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC), en una sesión informativa celebrada el 18 de septiembre por The Leadership Conference on Civil and Human Rights y Census Counts.
“Es contraria a la legislación federal vigente y tendría consecuencias peligrosas para nuestra forma de entender a Estados Unidos y para la forma en que se distribuyen el poder y los recursos. No es exagerado decir que esto va en contra de dos siglos de práctica censal en Estados Unidos”, continuó.
¿A quiénes se cuenta?
La norma limitaría el recuento del censo decenal a los ciudadanos y a los titulares de la tarjeta verde, excluyendo a los inmigrantes en situación irregular, y, potencialmente, a otras categorías de inmigrantes que se encuentran legalmente en el país.
Yang argumentó que esta disposición contradiría el requisito constitucional de que el censo cuente el “número total de personas“ en cada estado para la distribución de escaños en el Congreso, una norma que el Tribunal Supremo se ha negado repetidamente a limitar únicamente a los ciudadanos.
Si bien la norma no especifica cómo se implementaría la exclusión, Yang destacó como posible modelo el intento de la primera administración de Trump bloqueado por el Tribunal Supremo de agregar una pregunta obligatoria sobre la ciudadanía al censo de 2020.
Aunque tal pregunta no apareció, tantos residentes de EUA temían llenar el formulario del censo, probablemente por miedo a ser deportados, que esto provocó la mayor tasa de recuento deficiente de la población latina en la historia: 4.99 %, o aproximadamente uno de cada 20 no contabilizados, más de tres veces la tasa de recuento deficiente de 2010.
Se estima que en 2023 vivían en EUA 14 millones de inmigrantes en situación irregular, parte de un total estimado de 26 millones de personas que viven en hogares de estado mixto, lo que representa el 5.6 % de los hogares en todo el país.
El riesgo de una “pregunta general sobre la situación migratoria” en este momento, señaló Yang, implica que no solo los inmigrantes en situación irregular, sino también los residentes de hogares de estado mixto, “hogares que cuentan con ciudadanos, residentes permanentes y algunos residentes en situación irregular,” probablemente den un recuento a la baja a sí mismos.
¿Cómo se define la residencia?
Los cambios propuestos en la definición de residencia agravarían estas barreras para un recuento preciso, afirmó Jeanine Abrams McLean, presidenta de Fair Count.
La norma reemplazaría el estándar de décadas de contar una vez el lugar donde una persona “vive y duerme la mayor parte del tiempo” por un método de tres partes, dijo, utilizando un período de enumeración de 90 días, del 3 de enero al 1 de abril, en lugar de la fecha del censo del 1 de abril establecida por ley.
El “período de referencia de tres meses elige el 3 de enero como fecha de inicio no por cómo vive realmente la gente, sino porque coincide con el calendario del Congreso”, continuó McLean.
Se consideraría que una persona ha pasado un día en un lugar si ha estado físicamente allí tan solo una hora, ya que se encuentra en “presente legalmente“ “una expresión que no ha aparecido antes en ningún censo”, agregó.
La norma también se basa en gran medida en registros fiscales, como las declaraciones 1040 y los formularios W-2, a pesar de que las investigaciones demuestran que son indicadores poco fiables del lugar donde las personas viven realmente.
Los datos del censo revelan que el 45 % de los adultos jóvenes de entre 18 y 24 años no viven con sus padres, lo que hace que sea mucho más difícil llegar a ellos mediante encuestas y envíos por correo que a cualquier otro grupo de edad.
Otro informe del censo muestra que la coincidencia entre los cambios de domicilio declarados por los encuestados y los registros del IRS fue de apenas el 57.5 % entre los residentes de hogares de entre 20 y 24 años, en comparación con el 90 % entre los mayores de 70 años y el 90.1 % entre todos los propietarios de vivienda.
Esta disparidad se debe, en parte, a que muchas personas de bajos ingresos y quienes no presentan declaración no están obligadas a presentar una declaración federal, y en parte a que “las declaraciones de impuestos solo requieren una dirección postal, no una residencia física”, explicó McLean, una discrepancia especialmente acuciante para las familias de militares, cuyos formularios W-2 suelen indicar un lugar de destino en lugar del hogar donde “viven, duermen, hacen compras y envían a sus hijos a la escuela”.
“Cambiar la definición misma de ‘residencia habitual’ rompe la comparabilidad que hace que el censo sea valioso en primer lugar”, dijo.
¿Qué datos se excluyen?
La tercera parte de la norma prohibiría todas las preguntas sobre raza, origen étnico u orientación sexual en los cuestionarios del censo, algo inédito desde que el gobierno inició el recuento decenal en 1790, y eliminaría por completo el requisito de que los encuestados respondan preguntas demográficas.
“Esto constituiría una violación de la ley federal, que exige que el público responda al censo”, señaló Arturo Vargas, asesor principal del Fondo Educativo de NALEO.
El cambio revertiría un proceso de estratificación de datos que le tomó décadas a la Oficina de Administración y Presupuesto y a la Oficina del Censo desarrollar, incluida una actualización de 2024 a los estándares federales de raza y origen étnico que agrega una nueva categoría de “Oriente Medio o África del Norte“.
“Eliminar por completo las preguntas sobre raza y origen étnico nunca se ha probado y no tiene precedentes”, dijo Vargas, señalando que su organización y otras ya han solicitado que el período de comentarios públicos se extienda a 90 días.
“El censo decenal es el denominador de datos para prácticamente todas las medidas” de disparidad en la vida estadounidense, desde la mortalidad materna y la mortalidad infantil hasta la respuesta ante desastres, la prevalencia de enfermedades y la cobertura de vacunación, continuó.
Mencionó la pandemia de COVID-19 como un ejemplo: Los datos del censo sobre raza y origen étnico mostraron que los latinos se estaban contagiando del virus a tasas desproporcionadamente altas, y las agencias de salud pública utilizaron estos datos para dirigir la distribución de vacunas hacia las comunidades que más las necesitaban.
“Los legisladores se basarán en datos inexactos para tomar decisiones sobre dónde desplegar recursos y servicios y cómo asignar los fondos federales en general”, agregó Vargas, al tiempo que alentó al público a revisar los cambios propuestos para el censo y enviar comentarios. “Todos sufren cuando hay datos inexactos”.
