Los defensores de los derechos civiles advierten de que la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump que anula las reformas de fianzas sin efectivo para ciertos delitos es un paso atrás, argumentando que castiga a las personas con ingresos más bajos.
En todo el país, casi dos tercios de las más de 526.000 personas encarceladas están a la espera de juicio, la mayoría debido a fianzas inasequibles.
Sara J. Rose, subdirectora jurídica de la ACLU de Pensilvania, dijo que la fianza en metálico castiga a la gente por ser pobre y nunca se concibió para proteger la seguridad pública.
“Creo que en la orden ejecutiva se sugiere que el propósito es proteger la seguridad pública, pero no es para eso”, sostuvo Rose. “La fianza en efectivo es para garantizar que la gente se presente a los procedimientos judiciales. Y sabemos que se han hecho muchos estudios, que hay muchas otras formas más efectivas de asegurarse de que la gente se presenta a los procedimientos judiciales que asignar una fianza en efectivo”.
Un informe del Centro Brennan para la Justicia no encontró ninguna relación entre la reforma de la fianza y la delincuencia. Los investigadores estudiaron los datos de 33 ciudades estadounidenses entre 2015 y 2021, incluidas 22 con reforma de la fianza, y no observaron diferencias significativas en las tasas de delincuencia.
Rose recomendó a Pensilvania el uso de métodos más inteligentes y justos, como recordatorios de texto y acceso temprano a los defensores públicos, para garantizar que la gente se presenta ante el tribunal en lugar de depender de la fianza en efectivo.
Rose señaló que la orden ejecutiva del presidente no controla directamente los tribunales estatales, pero amenaza con retener los fondos federales de las comunidades que no utilicen la fianza en efectivo. Señaló que la mayoría de los condados de Pensilvania siguen utilizando la fianza en efectivo y la asignan arbitrariamente, sin ninguna base sobre cómo afecta a las familias, las comunidades y la economía.
“No sólo le cuesta dinero al gobierno mantenerlos en la cárcel, sino que cuando la gente está en la cárcel, no puede ir a trabajar, no puede cuidar de sus hijos, pierde su trabajo, pierde su vivienda”, esbozó Rose. “Y acabamos teniendo que pagar también por todos esos efectos colaterales. Así que es un sistema realmente ineficaz”.
Pensilvania podría prohibir la libertad bajo fianza para determinados delitos en virtud del proyecto de ley 490 del Senado. El proyecto de ley impediría a los jueces dejar en libertad sin pagar fianza a personas consideradas “amenazas para la seguridad pública”. La ACLU se opone a la legislación y afirma que es injusta para las personas de bajos ingresos y las personas de color, y que no mantendría a las personas peligrosas en la cárcel si pueden pagar la fianza.
