Roddy Scheer & Doug Moss
EarthTalk
Los parques nacionales, los refugios de vida silvestre, los bosques y otras tierras públicas corren el riesgo de ser vendidos y explotados por la administración Trump. Estas tierras son propiedad del pueblo estadounidense, pero la administración espera aprobar una ley para aumentar la urbanización, la tala, la minería y la venta de nuestras tierras a propietarios privados. El secretario del Interior del presidente Trump, Doug Burgum, afirmó que estos recursos son «activos nacionales» y podrían utilizarse para reducir la deuda nacional. Y estos proyectos no son nuevos. Cuando Trump estaba en el cargo en 2017, puso en marcha una orden ejecutiva que tenía por objeto reducir el tamaño de los monumentos de más de 100 000 acres, alegando que se trataba de «otro uso atroz del poder gubernamental». Esta orden fue abolida durante la presidencia de Biden, y muchas personas impugnaron la reducción de Trump.
Las noticias recientes han informado de que la administración Trump ya ha eliminado la protección vital de dos terrenos con el fin de aumentar la minería para la producción de minerales. Trump también ha emitido una orden ejecutiva que prevé identificar los terrenos públicos que puedan tener yacimientos minerales para aumentar la minería en ellos, independientemente de si el terreno está protegido o es un monumento nacional.
Pero, ¿es esto legalmente posible? La Ley Federal de Política y Gestión de Tierras (FLPMA) de 1976 establece las directrices de gestión y protección del gobierno federal con el fin de mejorar las tierras públicas de propiedad federal. Permite la venta de tierras, pero solo bajo ciertos criterios, como el interés público. Muchas tribus nativas americanas y activistas medioambientales argumentan que las acciones de Trump van más allá del poder del presidente y requieren la aprobación del Congreso.
Si echamos un vistazo a la Constitución, esto parece cierto. En el artículo 4, se establece que el Congreso, y no el presidente, «tendrá la facultad de disponer y establecer todas las normas y reglamentos necesarios con respecto al territorio u otras propiedades pertenecientes a los Estados Unidos». Esto significa, en esencia, que la venta de terrenos requiere en gran medida la participación del Congreso. Además, la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) exige que las agencias federales realicen una evaluación del impacto ambiental antes de emprender acciones legales. A pesar de la existencia de estas claras regulaciones, la administración Trump puede encontrar lagunas legales. Al reducir el poder de las leyes de conservación, proponer la venta de tierras a la FLMPA y cambiar la clasificación de ciertas tierras para permitir el arrendamiento privado, la venta de tierras públicas no es imposible.
Si el presidente Trump logra implementar estas órdenes, el daño sería enorme. Los animales se enfrentan a la destrucción de su hábitat y a la contaminación. Se trata también de una cuestión bipartidista. La mayoría de los estadounidenses se oponen a la reducción de los parques nacionales y los terrenos públicos. Para posicionarse en contra de esta cuestión, conciencie a la población participando en protestas contra la administración Trump. Por ejemplo, la semana pasada hubo una protesta en el Parque Nacional de Yosemite. Además de colaborar con grupos de defensa locales, firme peticiones y envíe correos electrónicos a su representante para luchar por el cambio.
CONTACTOS: Bloquee los últimos planes imprudentes de la Administración Trump para nuestros terrenos públicos – Action Network, https://actionnetwork.org/petitions/block-the-trump-administrations-latest-reckless-plans-for-our-public-lands; Encuentre a su representante, https://www.usa.gov/elected-officials/.
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