Donald Trump no sólo le dejó a Joe Biden las secuelas de su estrategia política racista y xenofóbica que se traducido en un incremento de los grupos supremacistas y en los crímenes de odio contra las minorías más vulnerables. También le heredó los Protocolos de Protección del Migrante, mejor conocidos como la política Quédate en México, que obligaron a más de 70,000 solicitantes de asilo, la mayoría centroamericanos, a esperar su turno en territorio mexicano.
A pesar de que el presidente Biden decidió correctamente eliminar esos protocolos, un juez de Texas determinó revivirlos y forzó al gobierno federal renegociarlos con el gobierno mexicano.
Hace unos días, la administración de Biden emitió un nuevo memorando que entrará en vigor una vez que se levante la orden judicial y que dejará por terminados los protocolos, qué pasarán a la historia como uno de los casos más vergonzosos de incumplimiento de Estados Unidos con sus obligaciones en materia de asilo.
Apropiadamente, en un memorando oficial, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que Quédate en México estuvo plagado de fallas endémicas, injustificables costos humanos e ignoró las raíces que provocan la migración irregular en los Estados Unidos. “Reconozco que el MPP probablemente contribuyó a reducir los flujos migratorios. Pero lo hizo imponiendo costos humanos sustanciales e injustificables a las personas que estuvieron expuestas al daño mientras esperaban en México”, escribió.
El Memorando del DHS reconoció que, durante la investigación de los efectos del programa, surgió evidencia significativa de que los solicitantes de asilo fueron sujetos a “violencia extrema” e inseguridad de manos de organizaciones criminales transnacionales que lucraron explotando las vulnerabilidades de los migrantes.
Organizaciones de defensa de los derechos de migrantes y abogados que trabajan en la frontera documentaron por su parte que un porcentaje de solicitantes de asilo se vieron obligados a regresar a sus países de origen, luego de pasar períodos hasta más de un año de espera en México, en condiciones humanitarias adversas, en medio de la pandemia, viviendo hacinados y sin acceso en muchos casos a mínimos de bienestar.
Por si fuera poco, un estudio realizado en 2019 por la organización Human Rights First documentó que el programa, que forzó a esperar en México a solicitantes de asilo de países como Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, se convirtió en una “catástrofe humanitaria” pues resultó en casos de golpizas, secuestros y violaciones sexuales.
Aunque los MPP mantendrán por el momento hasta que se levante la orden del juez texano, la administración de Biden tiene una oportunidad de establecer una política de asilo ejemplar, que reconozca sus obligaciones bajo la ley estadounidense y bajo el derecho internacional, y que ofrezca a los legítimos solicitantes pleno respeto del debido proceso, y el trato humanitario y digno que se merecen.
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