Moratoria de desalojo de Biden denominada “Buen comienzo”

Andrea Sears | Public News Service
El desempleo provocado por el COVID ha dejado a millones de inquilinos en todo el país con deudas de miles de dólares en rentas. Photo Credit: Antonio Cansino / Pixabay

HARRISBURG, Pensilvania – Dado que se estima que 230.000 familias de Pensilvania enfrentan un posible desalojo, los defensores de los derechos civiles dicen que la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que extiende la moratoria sobre los desalojos es un buen comienzo, pero el Congreso podría hacer más para proteger a los inquilinos que se han retrasado en el pago del alquiler debido a la pandemia.

La moratoria estaba programada para expirar a finales de este mes, lo que causaría desalojos de propiedades financiadas o asistidas por el gobierno federal, así como ejecuciones hipotecarias garantizadas por el gobierno federal. Pero la orden ejecutiva de Biden lo extiende hasta finales de marzo.

Ian Thompson, representante legislativo principal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, dijo que debe expandirse para cubrir a todos los inquilinos y por lo que dure la pandemia de COVID.

“También necesitamos establecer requisitos para asegurarnos que los propietarios no violen estas importantes protecciones”, dijo Thompson.

Añadió que el Congreso debe contar con asistencia de emergencia para el alquiler antes de que se levante la moratoria.

Algunos propietarios ya han cuestionado la constitucionalidad de la moratoria federal en los tribunales.

Thompson señaló que, cada mes que pasa, millones de inquilinos en todo el país se están quedando atrás con el pago de su renta.

“A menos que haya fondos de asistencia para el alquiler de emergencia, todo lo que estamos haciendo es ‘patear la lata en el camino’ para cuando llegue esta crisis de desalojos masivos”, dijo Thompson.

También dijo que el gobierno federal debería proporcionar fondos para ayudar a las ciudades y estados a otorgar a los inquilinos que enfrentan un desalojo, el derecho a ser representados por un abogado en los tribunales.

Thompson destacó que según lo experimentado en las ciudades de Nueva York, San Francisco, Boulder y, más recientemente, Baltimore, establecer el derecho a un asesoramiento legal para los inquilinos ayuda a mantener a las personas en sus hogares.

“En todas estas jurisdicciones, se ha demostrado que programas como éste reducen la cantidad de desalojos que realmente llegan a concretarse”, dijo Thompson.

En diciembre, los datos del censo de EE. UU. Estimaron que entre el 16% y el 25% de los inquilinos de Pensilvania estaban atrasados ​​con el pago de su renta.

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