No existe la menor duda que nuestra comunidad en los Estados Unidos ha sido desproporcionalmente afectada por la emergencia de salud pública desatada por la propagación del coronavirus. La tasa de desempleo hispano en marzo ascendió a 6.0%, por encima del promedio nacional, conforme alrededor de 10 millones de personas han recurrido al seguro por desempleo sólo en las últimas dos semanas.
Aunque la Ley de Salud Asequible hizo posible la cobertura médica a millones de familias latinas por primera vez, nuestra comunidad tiene además una de las tasas más alta de falta de acceso a la salud y lamentablemente la nueva iniciativa de rescate no cubrió con beneficios de desempleo a los millones de indocumentados que pagan impuestos y realizan labores esenciales para nuestra supervivencia, como los trabajadores del campo o de los hospitales.
Bajo este gris panorama, es doblemente insultante y aborrecible que hordas de personas inescrupulosas –en muchos casos de origen latino– aprovechen esta crisis para intentar estafar a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad.
Rosario Méndez, una abogada de la División de Educación al Consumidor de la Comisión Internacional de Comercio (FTC) me explica que los fraudes más comunes que empezaron a denunciar corresponden a personas que ofrecen vacunas o curaciones milagrosas contra el coronavirus. En realidad, me decía, esos productos no están certificados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), ni por ninguna autoridad oficial. En otras palabras: son fraudulentos.
Otros esquemas de estafas buscan despojar a familias latinas de los cheques por $1,200 dólares o $2,400 dólares que están por recibir del Departamento del Tesoro como parte del paquete de rescate económico o a los préstamos a pequeños negocios, en momentos que más existen más de 4 millones de pequeños negocios propiedad de latinos.
En este último caso el estafador llama por teléfono y se hace pasar como oficial del Servicio Interno de Rentas (IRS) o de otra agencia federal y promete acelerar el pago del cheque si la persona le proporciona su número de Seguro Social y otros datos financieros como la cuenta de banco o información personal.
Es importante subrayar que las autoridades federales en ningún caso se comunican con el público telefónicamente para solicitarles datos personales, por lo tanto, cualquier llamada de ese tipo es de naturaleza fraudulenta y deber ser reportada a las autoridades lo más pronto posible al número 1800-FTC-HELP.
Que estos intentos inmorales de fraude sean perpetrados en medio de una de las más profundas crisis económicas y de salud pública es abominable, pero que quienes lo hagan sean los propios miembros de nuestra comunidad latina es doblemente imperdonable. Repórtalos.
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