La administración Trump ha emitido un presupuesto limitado que impedirá hacer un conteo exacto de comunidades como la latina. Expertos piden al Congreso aumentarlo.
Jenny Manrique
Especial para El Observador
Las comunidades de color, los hogares urbanos y rurales de bajos ingresos, los inmigrantes y los niños pequeños (especialmente negros y latinos) corren el riesgo de no ser contados en el Censo 2020, si la administración de Donald Trump y el Congreso no empujan el presupuesto necesario para el recuento exacto de todos los estadounidenses.
Así lo advirtieron organizaciones líderes de derechos civiles y expertos en censos, que a tres años de que se celebre el próximo conteo decenal, prendieron las alarmas sobre la falta de planificación y preparativos rigurosos para hacer el trabajo.
“La solicitud de presupuesto de la Administración Trump para el año 2018 es insuficiente y eso atacará el corazón de las operaciones diseñadas para mejorar el censo en las comunidades históricamente subdesarrolladas” dijo Ann Lowenthal, ex directora de personal del Subcomité de Censos y Población de la Cámara de Representantes durante una teleconferencia organizada por New America Media.
“La promesa de una representación igual para todas las comunidades en nuestra democracia descansa en una efectiva ejecución del censo”, agregó la experta.
Recientemente, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) emitió un reporte en el que identificó el Censo 2020 como un programa federal de “alto riesgo”. Según el informe, la Oficina del Censo está siendo actualmente financiada a los niveles de 2016, ya que el Congreso no aprobó las facturas de gastos finales para 2017. La oficina ha solicitado un 25% de aumento para las actividades de preparación. Pero la propuesta de presupuesto del presidente Trump de 2018 recomienda mantener los niveles de financiamiento donde están actualmente, $ 1.5 mil millones.
“El censo es requerido por la Constitución de los Estados Unidos y los encargados de formular las políticas son responsables de asegurarse de que el trabajo se haga bien”, dijo Wade Henderson, presidente y CEO de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos. “El Congreso debe rechazar el presupuesto de la administración Trump y favorecer una que cubra todas las actividades de preparación para que las comunidades de color no corran el riesgo de no ser contadas”, agregó.
El censo de 2010 fue el más costoso de los Estados Unidos en la historia en alrededor de $12.3 mil millones, aproximadamente 31% más que el censo de 2000. Desde el año 2014, la GAO ha hecho 30 recomendaciones relacionadas con esta área. Sin embargo, sólo 6 se han aplicado plenamente.
En un año en que se planea implementar innovaciones como hacer el conteo a través de internet, las limitaciones presupuestarias ya están haciendo eco: en Puerto Rico y en dos reservas nativas norteamericanas las pruebas con los nuevos métodos que debían hacerse online terminaron siendo enviadas por correo.
Latinos perdidos en el censo 2010
No es de extrañar que sean precisamente las comunidades de color las más afectadas. Millones de latinos, el segundo grupo étnico más grande de los Estados Unidos, no fueron contados en el censo de 2010, incluyendo 400.000 niños menores de cuatro años, según lo determinó un estudio de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO).
“Un exitoso censo 2020 no es posible si los latinos no son contados con exactitud”, dijo
Arturo Vargas, director ejecutivo del Fondo Educativo de NALEO. “No solo dejamos de contar niños entonces, sino que si no hacemos un correcto ensayo el año siguiente, tampoco serán contados los que están naciendo ahora”, añadió.
Los datos recolectados durante el Censo de EEUU cada década se utilizan para trazar distritos del Congreso, que en suma definen la representación política en oficinas locales, estatales y federales. La práctica conocida como “Gerrymandering” que redibuja estos distritos, ha afectado especialmente al poder de las comunidades de color.
El número de residentes en una calle también puede determinar cómo se distribuyen más de $400 mil millones en gastos federales anuales, incluyendo dinero que va a programas de educación, infraestructura, servicios de emergencia, salud, contra la pobreza, y otros.
Los expertos advirtieron que otras amenazas implícitas en el recorte de presupuesto tienen que ver con su contraparte anual, la American Community Survey (ACS) que se envía anualmente a cerca de 1 de cada 38 hogares para recopilar datos demográficos como empleo, vivienda y nivel educativo.
“La ACS actualiza el Censo a lo largo de la década. Como tal, es requerido por la ley y debe permanecer así para proporcionar la información vital necesaria de subgrupos étnicos, como los vietnamitas de descendencia china”, dijo John C. Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice.
“Sin embargo los republicanos en el Congreso están presionando para que la participación en la ACS sea voluntaria, lo que podría dañar gravemente los datos”, agregó Yang.
Adicionalmente, hay rumores sobre una futura obligación de revelar el estatus migratorio en las encuestas, que alcanzaron su pico a fines de marzo cuando se filtró el borrador de una orden ejecutiva titulada “Proteger a los trabajadores estadounidenses del trabajo inmigrante”. En ella se indica que la Oficina del Censo debería recopilar datos sobre el estatus migratorio de las personas.
“Los latinos y otras familias de inmigrantes son muy conscientes de las acciones que esta administración está tomando y esto puede aumentar la desconfianza en su contacto con agencias públicas, incluyendo la Oficina del Censo”, dijo Vargas de NALEO.
El censo incluye 6 preguntas básicas demográficas como nombre, sexo, edad, grupo étnico, género y relación con la persona que llena el cuestionario, pero en ningún caso se pregunta por el estatus migratorio.
El reto de hacer el censo en línea
Los expertos también mencionaron otro reto a la hora de contar a las minorías en 2020: la brecha digital inherente a la realización por primera vez de un censo de alta tecnología.
Aunque la recolección de respuestas por internet ahorrará costos frente al uso de formularios de papel, el retraso de los preparativos y no hacer las pruebas de campo adecuadas dificultará que estas comunidades tengan el adecuado acceso digital.
“Tendremos por un lado la preocupación de la seguridad cibernética, vistos los hackeos sucedidos en las elecciones de 2016 y por otro que la gente cuestiona la legitimidad de la herramienta online”, advirtió Lowenthal, quien puso el ejemplo de cómo la confianza del público podría ser socavada si por ejemplo el presidente Trump cuestionara en un tuit la importancia del censo.
“Mientras tanto seguiremos pidiendo al congreso dos cosas: que en el presupuesto que debe ser pasado en el siguiente mes (abril) halla un aumento para el ensayo del censo en el 2017 y que se unan a la campaña de educación pública que realizamos desde la sociedad civil”, concluyó la experta.
