Una nueva generación de activistas latinos quieren tener un rol más activo en las políticas del medio ambiente
Jenny Manrique
Especial para El Observador
La celebración del Día del Océano en California no ha tenido la cantidad de latinos presentes como en esta versión del 2017. Aunque comenzó formalmente en 2005 como una manera de llevar activistas a Sacramento para discutir asuntos del océano con los legisladores estatales, la voz de una de las comunidades más afectadas por los efectos de la industrialización, había estado muy desdibujada.
“Hay algunas leyes en la agenda legislativa que queremos impulsar pero también contarle a los responsables políticos qué estamos haciendo con y por nuestra comunidad latina. Que podamos también servirles de recurso”, dijo desde el Capitolio de California, Marce Gutiérrez, fundadora de la ONG ambiental Azul y el cerebro detrás de esta movilización hispana que el pasado 14 de marzo alcanzó un número récord de más de 20 activistas que tuvieron más de 90 reuniones con legisladores.
El grupo Latinos Marinos compuesto por representantes latinos de varias organizaciones que viajaron desde la costa norte y sur del estado, se paseó por todo el Capitolio para decirle a los legisladores por qué quieren hacer el océano más accesible para la comunidad latina y por qué aunque California ha hecho unos avances tremendos en energía limpia, las comunidades más afectadas por la polución, la construcción de plantas industriales y el limitado acceso a la playa, son las minorías de bajos recursos, empezando por la hispana.
“Ahora estamos pidiendo a los legisladores que apoyen el proyecto AB250 de la asambleísta Lorena González Fletcher, que busca establecer un programa de alojamiento costeable a lo largo de la playa para que las comunidades de bajos recursos puedan disfrutarla”, agrega Gutiérrez, quien a menudo se ha visto como la única persona de color en un movimiento de conservación predominantemente blanco.
Pedro Nava, quien ejerció como asambleísta desde 2004 hasta 2010 y luego trabajó en la Comisión Costera en California, dijo que durante su paso por ese organismo vio como un permanente defecto “la ausencia de personas de color, latinos o minorías, que participen en el debate”.
“La comunidad latina es la más impactada por asuntos como la calidad del aire y del agua y aún así hasta ahora no había sido capaz de articular sus posiciones en temas medio ambientales”, dijo Nava. “Eso está cambiando gracias al liderazgo de latinos en la Asamblea, en los negocios y en el esfuerzo reciente de Latinos Marinos”, agregó el activista para quien si la diversidad no es parte del debate, los programas costeros “perderán apoyo porque la población que desesperadamente necesita el acceso costero es entre otras, la hispana”.
Esto a pesar de que el 2016 marcó el 40 aniversario del Coastal Act, una pieza histórica que tuvo gran respaldo en la legislatura californiana por la necesidad de proteger 1,100 millas de acceso costero. Jack Ainsworth, el nuevo jefe de la Comisión Costera de California dijo frente a la multitud de activistas que participaron en el Día del Océano que las amenazas no son solo el aumento del nivel del mar y la construcción desmedida, sino los recortes que la administración de Donald Trump tiene previstos para la Comisión.
“La administración de Trump no comparte los valores de California y ha propuesto el equivalente a una reducción del 10 por ciento en el financiamiento para la comisión. Eso, dijo, dejaría a la agencia reguladora en un serio problema”, dijo Ainsworth quien también hizo hincapié en que la participación pública era clave para luchar.
Activismo político
Aunque en la mayoría de las oficinas fueron recibidos por asistentes, los activistas tocaron la puerta de senadores como Ed Hernández, Kevin de León, Fernando Lara y asambleístas como Raúl Bocanegra, Jimmy Gómez y Miguel Santiago. Allí repitieron una y otra vez los testimonios de la gente de sus barrios latinos, afectada por las instalaciones de liberación tóxica (TRI), los rellenos sanitarios, la proximidad a los desechos peligrosos y la contaminación del aire.
Felipe Escobar, 29 años, activista de Pacoima Beautiful una organización de justicia ambiental que opera en el condado predominantemente latino de Pacoima en Los Ángeles, contó cómo a veces jugando fútbol con sus amigos en la playa, algunos se han cortado los pies con vidrios que nadie recoge por la falta de mantenimiento en las zonas costeras a las que tienen acceso. “Ir a Malibú es muy lejos y Santa Mónica es muy sucia. Ya no podemos divertirnos porque esto lo hace peligroso”
Y aunque este es un detalle anecdótico de lo que ha experimentado, su real preocupación es la polución del aire en Sun Valley debido al cierre del Aliso Canyon que proveía gas natural para la operación de la planta de energía en ese barrio, y que ahora debe utilizar diesel. “Pacoima tiene una de las tasas de asma más altas y está probado que la exposición al diesel en el largo plazo también causa demencia y alzheimer”, dijo Escobar repetidas veces frente a los legisladores. Les pidió que no apoyen la ley SB57 en el Senado que quiere poner un moratorium a la apertura del Canyon, lo que extendería el uso de diesel.
Su compañero Diego Ortiz, 30 años, comentó también que Pacoima Beautiful viene realizando talleres en español en barrios de bajos ingresos para que la comunidad esté más involucrada en los procesos de toma de decisiones en temas como la calidad y el manejo del agua, dada la crisis de sequía en el Estado, y el acceso a espacios abiertos como las playas. “Todo esto hace parte de la calidad de vida y la salud. La costa y las playas significan mucho para nosotros”, dijo el joven que reitera siempre en su trabajo educativo el concepto de que la playa es pública así “hayan propietarios que creen falsos garajes o pinten la acera para impedirnos el acceso”.
Hasta los activistas más jóvenes fueron a demostrar que las nuevas generaciones serán las férreas defensoras del medio ambiente.
Elma del Aguila, 18 años, una líder juvenil de la Alianza Central Costal Unida por una Economía Sostenible (CAUSE por sus siglas en inglés) ubicada en el condado de Ventura, se opone a la construcción de una cuarta planta de electricidad en el barrio de Oxnard, una comunidad de unas 200,000 personas compuesta por un 85% de gente de color y 74% de latinos, que se ha visto afectada por las instalaciones industriales contaminantes y de pesticidas agrícolas.
“Cada vez que las compañías de energía y las agencias estatales deciden que hay una necesidad de energía, ponen una planta de combustibles fósiles contaminantes en Oxnard. Nunca en playas de las comunidades ricas cercanas como Malibu o Montecito”, dijo del Águila, en referencia al Puente Power Project de NRG Energy, el mayor operador de centrales eléctricas en EEUU, cuya propuesta está en manos de la Comisión de Energía de California.
Del Águila le pidió a los legisladores ejercer presión sobre la Comisión que decide en Mayo, pues aunque la mayoría de los organismos políticos como el ayuntamiento y el condado se oponen al proyecto, “la Comisión no ha considerado una sola alternativa de energía renovable limpia a la propuesta de la planta de energía de NRG… El hecho que de que somos una comunidad de inmigrantes de bajos recursos no quiere decir que no vamos a pelear. Nuestra gente se está enfermando de asma”.
El tema de la contaminación del ambiente y sus graves consecuencias en la salud se repitió también en la historia de Oak View Comunidad, una ONG formada por Víctor Valladares y Oscar Rodríguez en el barrio del mismo nombre en Huntington Beach, cuya principal lucha ha sido contra la empresa Rainbow Environmental Services que desde 1981 opera un centro de basura en su vecindario, donde viven familias latinas de bajos ingresos.
“Organizamos a los residentes que no se atrevían a hablar de la contaminación porque habían recibido dinero de la empresa” aseguró Valladares. “Les enseñamos cómo comunicar sus quejas ante el South Coast Air Quality Management District, (la agencia de control de la contaminación del aire) porque ahí al lado de ese tiradero de dos hectáreas están nuestras escuelas y familias”.
Parques Santuario
A su turno, Irma Muñoz de 65 años, presidente y fundadora de Mujeres de la Tierra, una organización que alienta la construcción de vecindarios más saludables y ambientalmente sostenibles a través de la participación de mujeres, llevaba una propuesta particular: convertir a los espacios abiertos como parques y playas en Santuario para que las comunidades inmigrantes que hacen uso de ellos se sientan más seguras.
“Mi preocupación es que la migra llegue a un parque estatal, a un parque local y encuentre familias celebrando una quinceañera, un bautismo y se los lleven a todos como pasaba en los años 50”, dijo Muñoz. “Esos espacios deben ser Santuario”
Esta activista también promueve la iniciativa “Telenovelas in the Park” un proyecto para educar a las familias sobre para educar a las familias sobre la gravedad de la sequía, la importancia de la conservación del agua y los venenos que causan los plásticos.
Tras escuchar las propuestas, los responsables en las oficinas de los políticos tomaron nota, prometieron comunicarlas a los legisladores y les agradecieron su activismo frente a la escasa diversidad de voces latinas en la mesa de temas ambientales. Y sin embargo, también algunos les reconocieron que así como ellos, las empresas hacen fuerte lobby en el Capitolio y que si bien hay algunos asambleístas que tienen puesta la camiseta de la justicia ambiental, hay varios conflictos inherentes a la necesidad de producir energía o enfrentar la sequía en el Estado, que les hará seguir debatiendo para rato.
