Un proyecto de ley que se encuentra sobre la mesa del Gdor. Gavin Newsom obligaría al estado a estudiar la posibilidad de añadir servicios de asistencia a domicilio para personas mayores y personas con discapacidad a la lista de prestaciones obligatorias de Medi-Cal.
En este momento, es opcional que los proveedores de Medi-Cal ofrezcan servicios comunitarios que ayuden a las personas a quedarse en casa o en una residencia asistida en lugar de un asilo de ancianos.
Hagar Dickman, de la organización sin fines de lucro Justice in Aging, dijo que uno de esos proveedores, Health Net, anunció el mes pasado que, a partir del 1 de enero, dejará de ofrecer prestaciones de residencias asistidas en determinados condados.
“Decidieron ya no ofrecerlo. Resultaba más barato tener gente entrando y saliendo de los hospitales y estancias de atención a largo plazo que tener gente alojada de forma estable en una residencia asistida,” dijo Dickman.
Health Net está eliminando los servicios que ayudan a cubrir los gastos de residencia asistida de miles de pacientes de Medi-Cal y que proporcionan cuidados a domicilio, como la ayuda para el aseo y la limpieza del hogar.
El programa Medi-Cal de California paga la atención en centros fuera del área administrada a través del programa Assisted Living Waiver, pero hay 18,000 personas en la lista de espera.
Mariya Kalina, de la Colaboración de California para Servicios y Apoyos a Largo Plazo, dijo que esto es un síntoma de un problema mucho mayor.
“No incentivamos los servicios a domicilio y comunitarios de la misma forma que lo hacemos con la atención prestada en centros. Sería estupendo que fueran cubiertos por Medicaid,” dijo Kalina.
Las investigaciones demuestran que recortar los servicios que permiten a las personas seguir viviendo en sus hogares a medida que envejecen puede obligarlas a recurrir a formas de asistencia más costosas.
Un estudio de la California Healthcare Foundation revela que un recorte del 10% en cinco programas de servicios domiciliarios y comunitarios de Medi-Cal acabaría costando al estado $57 millones el primer año y más de $1 billón en los siguientes cinco años.
