Sunita Sohrabji
Ethnic Media Services
Una joven mesera tailandesa-estadounidense, que fue rociada con gas pimienta mientras los sospechosos le gritaban «Vuelve a tu país», cree que fue víctima dos veces: una durante el ataque y otra ante la fiscalía de San Francisco, que se negó a imputar el incidente como delito de odio.
Kunni, la víctima, tiene un vídeo del incidente, que ocurrió durante un turno de noche en el bar en el que trabaja en el distrito Tenderloin de San Francisco. Ha presentado a los fiscales el vídeo, junto con declaraciones de testigos que indican un ataque por motivos raciales.
Pero, según ella, los fiscales hicieron caso omiso de ambas alegando que no había pruebas suficientes para imputar un delito de odio. Kunni solicitó un juicio con jurado, pero, según dijo, la fiscalía también la desaconsejó. Su agresor fue detenido, pero salió bajo fianza y ahora está en libertad sin cargos. Vive en el barrio en el que Kunni vive con su hija, pero no se le ha concedido ninguna orden de alejamiento.
«Sigo teniendo TEPT y ataques de pánico. Voy al psiquiatra todos los miércoles para controlar mis síntomas. Esto me parece muy injusto. El fiscal no quiso escuchar mi historia», dijo Kunni.
Abuelo Vicha
El 23 de agosto, en una sesión informativa de Ethnic Media Services sobre la dificultad de perseguir los delitos de odio, Monthanus Ratanapakdee contó una historia similar sobre su difunto padre, Vicha. El 30 de enero de 2021, el abuelo, de 84 años, daba un paseo diario por su barrio de San Francisco. El sospechoso Antoine Watson lo empujó fatalmente al suelo, quien luego abandonó la escena. Watson fue arrestado dos días después y permanece en prisión sin derecho a fianza. Ha sido acusado de intento de asesinato, pero no se le han añadido cargos por delitos de odio, a pesar de las pruebas en vídeo del violento ataque.
Tres años y medio después, aún no se ha fijado una fecha para el juicio.
Justicia retrasada
Ratanapakdee fundó Justice for Vicha para honrar a su padre y defender a otras víctimas de presuntos delitos de odio. La demora en la justicia para su padre y la desconfianza inherente en las autoridades hacen que muchas personas no denuncien incidentes o crímenes de odio, dice.
«Tanto la víctima como el acusado tienen derecho a un juicio justo y rápido. Eso no ha pasado en el caso de mi padre», afirmó Ratanapakdee.
El factor de sesgo
El año pasado, las fuerzas del orden de todo el estado de California denunciaron 1.970 delitos motivados por el odio. De ellos, solo 5 llegaron a juicio, según datos de la oficina del fiscal general de California. En 2021, el estado experimentaba una oleada de ataques violentos contra los asiático-americanos: sólo un caso de odio llegó a juicio ese año. Además, los jueces de California están recurriendo cada vez más a sentencias de desvío -clases de modificación de conducta, asesoramiento o restitución a las víctimas- que pueden no conllevar penas de cárcel o prisión.
La fiscal adjunta del condado de Santa Clara, Erin West, una fiscal veterana con 26 años de experiencia, dijo que cuando llega a su oficina un caso que tiene elementos potenciales de un crimen de odio, o si la víctima cree que se trata de un crimen de odio, dos fiscales revisan el caso para determinar si se pueden añadir cargos de crimen de odio. «Nos tomamos estos casos muy en serio, y los evaluamos muy seriamente», dijo.
Ley Marsy
El prejuicio debe ser un factor significativo para que se acuse de un delito de odio, dijo West, señalando que en muchos de estos casos, el prejuicio no es el factor motivador del delito.
Refiriéndose al retraso en el caso de Ratanapakdee, West señaló que la Ley Marsy exige que los fiscales mantengan a las víctimas informadas de lo que está sucediendo en su caso. La ley exige además que las víctimas sean informadas sobre los acuerdos de declaración de culpabilidad o las audiencias de libertad bajo fianza.
Los datos sobre el número de delitos motivados por el odio perseguidos cada año son inexactos, dijo West, señalando que se tarda algún tiempo en reunir pruebas y en llevar los casos a juicio. Los casos de delitos motivados por el odio no se juzgan necesariamente en el año en que se denuncian, dijo West, lo que se refleja en los bajos recuentos de datos.
La necesidad de mejores datos
“Yo sugeriría que sacudiéramos los árboles en el Departamento de Justicia de California y consideráramos la posibilidad de obtener un formulario que refleje mejor el número de delitos de odio procesados”, dijo.
“Las víctimas y los sobrevivientes sienten que no siempre reciben la justicia que buscan y merecen”, dijo Manjusha Kulkarni, cofundadora de Stop AAPI Hate y directora ejecutiva de AAPI Equity Alliance. Señaló un informe reciente del auditor del estado de California que encontró que las fuerzas del orden a menudo no identifican adecuadamente los delitos como crímenes de odio y no los reportan al Departamento de Justicia. Los agentes no están debidamente capacitados para identificar delitos de odio, afirmó.
“Los agentes encargados de hacer cumplir la ley se muestran reacios a ver las cosas como crímenes de odio porque no quieren creer que su ciudad o su región sean odiosas”, dijo Kulkarni. Señaló también que el odio relacionado con las víctimas asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico no es necesariamente aceptado universalmente como odio de la misma manera que la quema de una cruz o el grafiti con la esvástica.
El camino hacia la curación
La curación puede ocurrir fuera de la sala del tribunal, dijo, y señaló que la iniciativa California vs. Odio puede proporcionar a las víctimas numerosos recursos que fomenten la curación, incluidos servicios de salud mental.
“No basta con procesar los casos cuando surge el odio. De hecho, tenemos que evitar que esto suceda en uno de los estados más diversos”.
“Realmente necesitamos acabar con el odio contra todas las comunidades marginadas”, afirmó Kulkarni.
