Hace exactamente 23 años, Arizona buscaba implementar la iniciativa de Ley SB 1070, la más radical hasta ese momento en la historia de los Estados Unidos.
Poco antes de entrar en vigor, una jueza frenó sus más polémicas medidas, y poco después, la Corte Suprema desechó por inconstitucionales sus cláusulas más extremas.
Por ejemplo, negó que la policía de Arizona pudiera arrestar a migrantes sin orden judicial, convertir en delito estatal que los inmigrantes indocumentados no aporten documentos de registro y prohibir les solicitar un trabajo.
Casi un cuarto de siglo después el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, un acólito de Donald Trump, quiere explorar los límites de la constitucionalidad migratoria con la promulgación esta semana de la polémica Ley SB4.
La ley, que entra en vigor en marzo, permitiría a policías del departamento de seguridad pública de Texas detener y deportar de manera sumaria a México, sin apego al debido proceso bajo la ley, a inmigrantes que sean sospechosos de haber ingresado ilegalmente a Texas.
Los migrantes tendrían la opción de aceptar una orden de deportación por parte de un juez o ser acusados de un delito menor. Si reinciden en su comportamiento, la legislación establece una pena de cárcel de hasta 20 años en prisión.
“Es un ataque directo y descarado contra nuestras comunidades, legalizando lo que esencialmente constituyen actos de racismo”, me dice el abogado Rafael Borrás. “Esta ley no solo es una afrenta a la justicia, sino que también socava los principios fundamentales de igualdad y respeto por los derechos humanos. Estamos indignados”.
Afortunadamente, la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU) tomó cartas en el asunto y planea presentar una demanda preventiva para tener la documentación lista para el momento en que la legislación entra en vigor y buscar frenar su aplicación.
Que la ACLU, que históricamente ha sido una campeona en la lucha y la defensa por los derechos civiles, busque detener esta ley es aplaudible, pero esperamos una acción similarmente urgente por parte del Departamento de Justicia, como lo hizo con la legislación SB 1070 de Arizona en 2010.
El gobierno federal tiene la obligación de reafirmar su autoridad exclusiva sobre la planeación y ejecución de las políticas migratorias, o de lo contrario tendremos un caos de legislaciones potencialmente contradictorias en los 50 estados del país. Abbott no tiene el apoyo de la totalidad de los departamentos de policía de su estado. A varios de ellos les preocupa ser abrumados por la cantidad potencial de migrantes que tendrían que encarcelar.
Otras organizaciones temen un deterioro de la seguridad en Texas, toda vez que la nueva ley podría desalentar que los migrantes denuncien delitos o cooperan con las autoridades locales por temor a ser arrestados de por ciado
Más allá si el circo grotesco de Abbott tiene un componente político- electoral, es innegable que se requiere una solución integral a la problemática migratoria, una tarea de gran calado que requiere de voluntad política y figuras de altura tanto en la Casa Blanca como en el Congreso. Tristemente nada de eso se vislumbra en el horizonte inmediato.
