La semana pasada, dos ciudades de California – Riverside y San Bernardino – derogaron la mayoría de sus programas de “Viviendas Múltiples Libres de Crimen”, que fueron diseñados para mejorar la seguridad de los inquilinos, pero que han sido criticados por desestabilizar familias, especialmente en zonas de comunidades de color de bajos ingresos. El programa ayuda a los propietarios a elegir mejores jardines e iluminación y promueve grupos de vigilancia vecinal. El portavoz de la ciudad de San Bernardino, Jeff Kraus, dice que también estableció reglas contra la actividad criminal.
“Los inquilinos debían firmar un apéndice al contrato de arrendamiento que, si había actividad ilegal por parte del inquilino o de los invitados, los inquilinos podrían ser desalojados. Y en ese acápite es donde reside parte de la controversia,” enfatizo Kraus.
Ha habido casos en otras ciudades en los que personas fueron desalojadas incluso cuando el presunto delito tuvo lugar en otro lugar, o cuando no hubo arresto ni condena. Las familias han sido desarraigadas cuando un miembro infringió la ley. Y los sobrevivientes de violencia domestica han sido desalojados después de llamar a la policía.
San Bernardino seguirá ayudando a los complejos de apartamentos a reforzar sus propiedades contra el crimen, pero acordó eliminar gran parte del programa de Crime-Free Multi-Housing (Viviendas Múltiples Libres de Crimen) como parte de un acuerdo en un caso sobre demoras en la implementación de un elemento de vivienda exigido por el estado. El abogado Anthony Kim trabaja en Inland Counties Legal Services, que presentó la demanda. Señala que el programa exigía que los propietarios hicieran una verificación universal de antecedentes de todos los inquilinos.
“Ya resulta bastante difícil para las personas reintegrarse a la sociedad después de salir de la cárcel. Todo el mundo merece una vivienda, y tener antecedentes no deberían ser ningún elemento que lo impida,” insistió además Kim.
Varias personas testificaron contra el programa en la reunión del Consejo Municipal de Riverside, incluida Desiree Sanchez, quien trabaja con la ACLU del Sur de California y la Coalición por la Justicia en la Vivienda de la Region de Inland.
“La eliminación del programa garantizara que la ciudad no aumente el número de personas sin hogar al poner fin a los desalojos ilegales, y fortalecer la seguridad pública y la economía de la ciudad de Riverside,” aseguro Sanchez.
La ciudad de Hesperia retiro recientemente su programa después de que una demanda federal dijera que discriminaba a los inquilinos negros y latinos.
