Los fiscales generales de más de 30 estados – incluido California – acaban de anunciar un esfuerzo bipartidista para reducir los costos y crear más opciones en el supermercado. Las agencias estatales encargadas de hacer cumplir la ley se comprometen a trabajar con la nueva Asociación de Competencia Agrícola del USDA para investigar el aumento de precios en la industria alimentaria.
Teresa Murray, un organismo de control del consumidor del Grupo de Investigación de Interés Público, dijo que si bien los picos de inflación recientes han sido un factor, vale la pena echar un vistazo más de cerca.
“Creemos mucho en un mercado libre, pero no cuando se trata de cruzar la línea de tratar de aprovecharse de las personas y familias que solo intentan alimentar a sus hijos”, explicó.
Más allá de las estructuras de precios, el USDA dijo que los estados estarán atentos a los conflictos de intereses, el mal uso de la propiedad intelectual y las barreras anticompetitivas en las cadenas de suministro de alimentos y agricultura. Grupos empresariales como la Cámara de Comercio de EE. UU. se oponen a la medida, calificándola de “extralimitación”.
Murray agregó que si bien ha habido rumores sobre estos problemas, es difícil ir a una tienda de comestibles, ver precios más altos y saber con certeza si la codicia corporativa está en juego.
“¿Cuáles son los costos de fabricación? ¿Cuáles son los costos de mano de obra, que probablemente han subido?”, dijo. “¿Cuáles son los costos de la cadena de suministro? ¿Cuáles son los costos de distribución? Y luego, ¿dónde, al final, hay una ganancia, y alguien en el camino se está aprovechando de la situación?”.
Murray agregó que no existe un estatuto federal que aborde el aumento de precios, por lo que la aplicación estatal será importante. California tiene una ley en los libros que tipifica como delito el aumento de precios durante una emergencia, pero no todos los estados lo hacen, y algunos tienen un alcance limitado.
