STOCKTON, Calif. – California está dando los toques finales a planes de larga data para cerrar las cárceles juveniles del estado y comenzar a servir a todos los jóvenes involucrados en la justicia a nivel del condado.
Las últimas tres instalaciones juveniles estatales, dos en Stockton y una en Ventura, dejarán de aceptar nuevos jóvenes el 1 de julio y cerrarán en 2023.
Dan Macallair, director ejecutivo del Centro de Justicia Penal y Juvenil con sede en San Francisco, dijo que los esfuerzos de rehabilitación funcionan mejor a nivel local.
“Pueden empezar a trabajar con la familia del niño, trabajando con el vecindario del niño”, sugirió Macallair. “Y abordar esos problemas que realmente impactan el comportamiento a largo plazo. No se puede hacer eso en una instalación aislada que podría estar a cientos de millas de su hogar”.
Muchos niños que terminan tras las rejas han experimentado abuso, pobreza y abandono, por lo que el nuevo sistema no se enfocará en el castigo, sino que enfatizará el asesoramiento, la capacitación en habilidades y programas como la justicia restaurativa que ayudan a los niños a cambiar sus vidas.
Macallair señaló que ocho cárceles juveniles estatales ya han cerrado en las últimas décadas debido a que el número de jóvenes encerrados en California se redujo drásticamente.
“Hemos bajado de 10,000 en 1996 a alrededor de 700 en la actualidad”, señaló Macallair. “¿Y qué sucedió durante ese período de tiempo? La caída más dramática en la delincuencia juvenil en la historia del estado”.
Elizabeth Calvin, defensora principal de la división de derechos del niño de Human Rights Watch, dijo que las decrépitas instalaciones para menores del estado, que fueron construidas en los años sesenta, tienen problemas con la violencia de las pandillas y no son lugar para un joven.
“No deberían ser enviados a una jaula, a cárceles de máxima seguridad para adultos en miniatura”, argumentó Calvin. “Paredes de concreto, rejas, ventanas pequeñas, donde está el mensaje: ‘Eres un criminal, y esto es todo lo que te mereces'”.
El Proyecto de Ley del Senado 823, firmado el otoño pasado, garantiza que los condados puedan ofrecer la gama completa de servicios a los jóvenes bajo su cuidado.
