SACRAMENTO, Calif. – Los pacientes y los defensores de la atención médica se manifestaron el jueves 29 de agosto en los pasos del Capitolio Estatal a favor del Proyecto de Ley 824 de la Asamblea, que combate los llamados acuerdos de pago por retraso, en el que las compañías farmacéuticas pagan a los fabricantes de medicamentos genéricos para conservar sus productos. Fuera del mercado.
El proyecto de ley primero en la nación debe aprobar el Comité de Asignaciones del Senado del estado antes del viernes para obtener una votación completa en esta sesión.
El asambleísta Jim Wood de Santa Rosa, autor del proyecto de ley, dice que los genéricos introducen la competencia y ayudan a bajar los precios para los consumidores.
“Si puede mantener a las personas en el medicamento de marca por más tiempo, le cuesta más dinero a su compañía de seguros, sus primas son más altas”, señala. “Nos cuesta a todos más dinero, y eso tiene que cambiar”.
El proyecto de ley aumentaría la aplicación de las leyes contra este tipo de acuerdos y colocaría la carga de la prueba en las compañías farmacéuticas para demostrar que no están haciendo pagos con fines anticompetitivos.
Las compañías farmacéuticas argumentan que esta ley abriría las compuertas para costosas demandas de los consumidores, lo que podría elevar los precios.
La Comisión Federal de Comercio dice que los estadounidenses pagan al menos $ 3.5 mil millones más al año por medicamentos de marca porque las compañías genéricas toman dinero para sentarse en sus nuevos productos en lugar de lanzarlos.
Wood dice que la afirmación de las compañías farmacéuticas de que este proyecto de ley realmente retrasaría la llegada de medicamentos genéricos no retiene el agua.
“Escuchamos de las compañías farmacéuticas que muchos de estos acuerdos llevan los medicamentos al mercado antes y que no son anticompetitivos”, afirma. “Y entonces pregunté, ya sabes, ‘Muéstrame’. Y nadie ha podido hacer eso “.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, resolvió recientemente cuatro demandas por valor de $ 70 millones contra compañías farmacéuticas por prácticas de pago por demora.
