Los grupos progresistas se están pronunciando en contra de la idea de una convención constitucional. Advierten de que podría utilizarse para imponer políticas conservadoras en ámbitos como los derechos civiles, las armas, el derecho al voto y el aborto. Grupos de derecha como la Federalist Society afirman que quieren exigir un presupuesto equilibrado y limitar el poder tributario, medidas que, según los críticos, llevarían a enormes recortes en Medicare, la Seguridad Social, la educación, Medicaid y la protección del medio ambiente. La profesora Nancy McLean, de la Universidad de Duke, señala que el artículo quinto de la Constitución exige el consentimiento de solo 34 estados para convocar una convención.
“Los organizadores de la convención han dejado claro que los votos no se basarían en la población, sino en un voto por estado, lo que no representa a la mayoría de los estadounidenses,” explico MacLean.
Eso daría una influencia desmesurada a estados con poblaciones minúsculas, como Wyoming, a expensas de estados enormes, como California. A lo largo de los anos, muchos estados han pedido una convención constitucional sobre temas específicos. Los legisladores del Estado Dorado acaban de pedir una convención sobre el control de las armas. Los grupos conservadores argumentan que las peticiones podrían sumarse para alcanzar el umbral de 34 estados y forzar una convención.
El ex senador de Wisconsin Russ Feingold, ahora en la American Constitution Society, acaba de escribir un libro en el que alerta de que es probable que se celebre una convención si los republicanos obtienen el control total del Congreso el próximo año.
“Están afirmando que se puede simplemente mezclar y combinar y que cumple con los requisitos constitucionales. No es correcto, y el Tribunal Supremo no parece tener la autoridad para intervenir y detenerlo,” indico también Feingold.
Jonathan Mehta Stein, de Common Cause California, dice que el riesgo de una convención desbocada es demasiado grande, porque hay muy pocas reglas en vigor.
“No tendríamos ni idea de quien está intentando influir en los miembros de la Convención Constitucional. ¿Qué tipo de presión se estaría ejerciendo entre bastidores? ¿Habría requisitos de registros públicos? ¿Habría requisitos de transparencia? No tenemos ni idea,” menciono además Mehta Stein.
El apoyo para este informe fue proporcionado por The Carnegie Corporación de Nueva York.
