AUSTIN, Texas – Texas ha acaparado titulares sobre su ley que prohíbe casi todos los abortos pero otros estados pronto pueden compartir la atención después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que se mantuviera la ley de Texas.
La ley prohíbe los abortos después de seis semanas de embarazo, sin excepciones por violación o incesto. También promete una recompensa de $10,000 a los ciudadanos si ganan un caso judicial contra cualquiera que haya ayudado a alguien a obtener acceso a un aborto.
En una conferencia de prensa virtual el viernes, la abogada del Proyecto de Libertad Reproductiva de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Julia Kaye, dijo si la Corte Suprema anula el derecho constitucional al aborto, espera que aproximadamente la mitad de los estados sigan el ejemplo de Texas.
“Cinco jueces de la Corte Suprema se han encogido de hombros ante el daño catastrófico en Texas”, dijo Kaye, “ignorando 50 años de precedentes legales que prohíben a los estados despojarnos de nuestro derecho fundamental a interrumpir un embarazo”.
La votación de 5 a 4 del tribunal superior dijo que los proveedores aún podían demandar en un tribunal federal. Desde la decisión del viernes, los expertos legales han advertido que casi todos los derechos constitucionales están ahora en riesgo.
Y con ese fin, el gobernador de California, Gavin Newsom, pidió el sábado a los legisladores de ese estado que aprobaran una legislación inspirada en la ley de aborto de Texas como una estrategia para perseguir a la industria de las armas.
El Dr. Bhavik Kumar, médico del personal del Planned Parenthood Center for Choice en Houston, señaló lo difíciles que han sido los últimos 100 días para el personal del Centro.
“Una y otra vez, nos vemos obligados a violar nuestra conciencia y nuestro entrenamiento, y rechazar a los pacientes que nos necesitan”, dijo Kumar. “Y no tenemos buenas respuestas a sus preguntas sobre por qué está sucediendo esto o cuándo podría terminar”.
Amy Hagstrom Miller es la presidenta y directora ejecutiva de Whole Woman’s Health y Whole Woman’s Health Alliance y supervisa las clínicas de aborto, incluido el centro en McAllen. Llamó a la decisión del tribunal injusta, cruel e inhumana.
“Nuestro personal está desconsolado, asustado y desanimado”, dijo Miller. “Están enojados por tener que servir como agentes del estado en contra de su voluntad, para hacer cumplir una ley con la que no están de acuerdo”.
El Proyecto de Ley 8 del Senado de Texas ha estado en vigor desde el 1 de septiembre.
