A más de dos semanas de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente electo Joe Biden sigue sin ser reconocido como tal ni por el presidente Trump, ni por la mayoría de los republicanos, a pesar del grave impacto que la falta del reconocimiento de la realidad podría acarrear sobre la salud pública, en medio de una pandemia de COVID-19 fuera de control, y sobre la seguridad nacional.
Pero la rebeldía republicana no ha impedido que Biden realice lo que todo adulto responsable debe hacer bajo las circunstancias: armar a su equipo de transición para hacer frente a los grandes retos que su administración heredará a partir del 20 de enero al mediodía y, cumplir la larga lista de promesas electorales, empezando por eliminar algunas de las más draconianas acciones ejecutivas de Trump contra las minorías vulnerables.
La lista de su primer círculo de colaboradores incluye a un grupo de experimentados operadores de la política, empezando por el ex zar de la lucha contra la pandemia de ébola, Ron Klain, quien fungirá como su jefe de gabinete. Julie Chávez Rodríguez, nieta de nuestro legendario luchador social Cesar Chávez y veterana de la administración Obama, será la jefa de la oficina de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca.
Otros hispanos pertenecerán al círculo cercano de colaboradores de la Casa Blanca, como Julissa Reynoso Pantaleón, ex embajadora de Estados Unidos en Uruguay, quien será la jefa de gabinete de Jill Biden y Anthony Bernal, quien será un alto asesor de la primera dama.
Una coalición de las principales organizaciones de defensa de las causas hispanas de Estados Unidos cree sin embargo que es necesario que la nueva administración Biden logre la meta de paridad para latinas y latinos en toda la administración federal, es decir una proporción de 20% de hispanos en las 4,000 designaciones federales.
El llamado “Proyecto 20%” lo impulsan UnidosUS, Hispanic Federation, Mi Familia Vota, y NALEO y planean llevar a cabo una campaña nacional para involucrar a analistas políticos, medios informativos, funcionarios electos, organizaciones no lucrativas y líderes no gubernamentales para pedir una presencia máxima de hispanoamericanos como designados políticos en el gobierno de Biden.
“La representación importa y es un paso esencial hacia mejorar el gobierno para servir mejor y proteger a todos en nuestro país. La diversidad de nuestra nación es su mayor fortaleza”, sostuvo la presidenta de UNIDOSUS, Janet Murguía.
Debo reconocer que a mí me interesa, más que alcanzar una “cuota”, que el próximo presidente Biden cumpla con sus promesas de campaña hacia la comunidad latina, empezando por aprobar una ambiciosa reforma migratoria integral, con una ruta a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.
Porque cumplir una cuota de designaciones, no puede ser sustituto de que el nuevo gobierno destine el suficiente capital político para cumplir a un grupo de votantes que fue clave en su triunfo electoral.
Es una deuda pendiente en momentos que millones de inmigrantes están arriesgando su vida como trabajadores esenciales para nuestra supervivencia colectiva.
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