SACRAMENTO, California. – La fusión propuesta entre T-Mobile y Sprint tuvo un gran obstáculo el martes 11 de junio, cuando los fiscales generales de California, Nueva York y otros siete estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda para detener el acuerdo, citando cuestiones antimonopolio.
Las dos compañías brindan servicios inalámbricos a 13 millones de californianos, incluidas muchas familias de bajos ingresos que dependen de planes prepagos para servicios de Internet y celulares.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo que una fusión mataría a la competencia en un mercado que ya era limitado.
“La nueva compañía tendría más del 50% de la cuota de mercado en algunas partes de nuestro gran estado, incluyendo Los Ángeles, pero también en lugares como el Condado Imperial”, dijo. “Esa participación de mercado combinada superaría el umbral en el que se supone que las fusiones violan las leyes antimonopolio”.
Actualmente, cuatro compañías inalámbricas dominan el mercado estadounidense: AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon. La demanda sostiene que la disminución de la competencia inevitablemente conduciría a precios más altos. Becerra dijo que los estudios realizados en Europa mostraron un alza promedio de precios de entre el 16% y el 20% cuando las fusiones redujeron el mercado de cuatro a tres actores principales.
Sprint y T-Mobile han argumentado que la fusión les permitiría implementar la nueva tecnología 5G más rápido y llevarla a áreas rurales desatendidas. Sin embargo, Becerra dijo que el análisis económico de su oficina muestra que los consumidores de California colectivamente terminarían pagando $ 4.5 mil millones más por año.
“Resultaría en aumentos significativos de precios para los clientes de Sprint y T-Mobile, mes tras mes, año tras año”, dijo, “y el efecto dominó de esos aumentos de precios podría causar un daño aún mayor al mercado en general, y clientes en otras redes “.
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Agit Pai, ha manifestado su apoyo al acuerdo de fusión. La división antimonopolio del Departamento de Justicia aún no ha emitido una opinión.
La demanda está en línea en oag.ca.gov.
