Los californianos encuentran una barrera más para ir a la playa: el dinero

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Photo Credit: Pixabay

Jenny Manrique
Especial al El Observador

Durante mucho tiempo los dueños de propiedades a lo largo de la costa de California han bloqueado el acceso público a la playa con puertas, vallas, cercas, falsas señales de “no estacionar” o “propiedad privada” y canchas de tenis construidas ilegalmente.

Aunque esa ha sido la principal barrera para que las comunidades de bajos recursos puedan disfrutar de las costas, un nuevo informe del Instituto de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la UCLA y la Universidad Estatal de San Francisco, presentado en un panel organizado por New America Media, demuestra que no es la única.

Según los investigadores de la UCLA los costos de transportarse hasta la playa, los cargos por estacionamiento, o el alojamiento nocturno, son factores que desaniman a muchas de estas comunidades de ir a relajarse o surfear tan a menudo como les gustaría, especialmente si son familias asalariadas que viven lejos de la costa.

“Los californianos valoran nuestras playas públicas como un lugar para reunirse con amigos y familiares, disfrutar de la naturaleza y relajarse, pero el costo de llegar a la costa y quedarse allí es casi prohibitivo para muchas familias, haciendo que el acceso no sea equitativo”, dijo Jon Christensen, coautor del estudio e investigador de la UCLA.

El informe, llamado “El costo de visitar la costa mantiene a muchos californianos lejos”, encuestó a 1.800 votantes registrados en California de los cuales el 90% respondió que la condición del océano y las playas es importante para ellos mientras un 62% dijo estar preocupado por el acceso público limitado y el costo de parqueo.

Los investigadores encontraron, por ejemplo, que el valor promedio de una excursión a la playa es de $37, y el costo de viajar a la playa y al hogar nuevamente, sin incluir los costos de estacionamiento, comida y actividades, es de $ 22 .

Así mismo el estudio calculó que el promedio que un californiano está dispuesto a pagar es alrededor de $118 por noche por el alojamiento en las zonas de playa, pero según la Comisión Costera de California, una habitación económica oscila entre $135 y $260 por noche. La Comisión también informó que 24.720 habitaciones económicas se han perdido en la costa desde 1989, como resultado de cierres de hoteles y mejoras en varios de ellos. Hoy día, las habitaciones económicas representan sólo el 5% de las habitaciones disponibles en la costa.

Debemos cambiar la narrativa para que el acceso a la costa sea más incluyente”, dijo Christensen. “No se trata solo de conservación sino de acceso para las siguientes generaciones. Las playas son usadas por diferentes grupos étnicos y muchos de ellos tienen una relación personal con el océano. No podemos limitarla”.

2016 marcó el 40 aniversario del Coastal Act, una pieza histórica que tuvo gran respaldo en la legislatura californiana por la necesidad de proteger 1,100 millas de acceso costero. Sin embargo a pesar de la legislación en el papel, hoy los habitantes enfrentan un riesgo combinado del aumento de los niveles del mar y una creciente presión para construir alojamientos de mayor costo.

“Una meta básica del California Coastal Act es maximizar el acceso público a la costa “, dijo Amy Hutzel, subdirectora ejecutiva de la Conservación Costera del Estado, un organismo no regulador que apoya proyectos para proteger los recursos costeros y aumentar las oportunidades para que el público disfrute de la costa.

“Las agencias de manejo costero del estado están muy interesadas en fundar la infraestructura necesaria para que las comunidades de bajos recursos o personas con discapacidades puedan acceder a estos sitios”, agregó

Hutzel se refirió a la inversión en baños, áreas de picnics, zonas para parqueaderos y también a excursiones pedagógicas que llevan a estudiantes a las playas en caminatas nocturnas.

Barreras culturales

Aunque varios activistas ambientales están de acuerdo en que la inversión en proyectos y educación son la salida, la realidad económica y cultural para las comunidades de bajos recursos, como la latina, es otra.

Marce Gutiérrez-Graudins, fundadora y directora la ONG Azul, una organización nacional sin fines de lucro que trabaja en temas de conservación desde el liderazgo latino, dijo que los resultados de la encuesta ilustran lo difícil que es para las personas de bajos ingresos llegar a lugares naturales.

Hay mucha gente que vive a 20 minutos de la playa y no la ha visto. En Los Ángeles por ejemplo implicaría 2 o 3 horas de un solo día para ir en autobús a la playa. Es el mismo tiempo que se tomaría alguien manejando desde Bakersfield. Esa práctica es alienante y desconoce que nuestros océanos necesitan diversidad”, aseguró la activista.

Sin sorpresa, la encuesta también encontró que quienes menos visitan la playa son los afroamericanos, los residentes del Valle Central y las personas de 65 años o más.

Gutiérrez le contó a El Observador que las actitudes de los privados que han cerrado los accesos para comunidades de color, son cada vez más castigadas por las cortes que ya no se tardan tantos años en imponer infracciones a quienes se apropian de un bien público.

El voz a voz en la comunidad latina es muy poderoso. Si saben de alguien que lo corrieron de la playa irregular o ilegalmente, eso amedrenta las experiencias de la gente y no vuelven. Pero les queremos hacer saber sus derechos. Todas las playas son públicas y la Comisión Costera recibe estas quejas”.

Un caso emblemático sucedió el pasado diciembre en Malibú, cuando por primera vez la Comisión Costera multó a una pareja de propietarios en Las Flores Beach por $4,2 millones por negar a los surfistas y bañistas el acceso a la playa que daba al frente de su propiedad. La pareja venía rentando su casa por un valor de $1,000 la noche, ofreciendo acceso a playa privada y la Comisión había luchado durante nueve años con los dueños para que quitaran una puerta, una cerca, una escalera y una cubierta no autorizadas que bloqueaban el paso a los visitantes de la costa.

La gente no sabe que las playas son de ellos. Muchos latinos no solo no se sienten bienvenidos cuando ven señales de “prohibido el paso”, sino que la gente los señala como pandilleros porque por ejemplo, juegan fútbol en la playa”, añadió Gutiérrez. “Tenemos que cambiar los conceptos culturales porque esto es racismo ambiental”.

Gutiérrez señaló que el acceso a la costa era importante para la salud física y mental de las personas, citando un estudio de la Universidad de Michigan que encontró que aumentar la vista de espacios abiertos azules como el mar, puede ayudar a disminuir el estrés psicológico tan presente en comunidades de color.

Otros panelistas como Kera Abraham-Panni del Acuario de Monterrey, destacaron los altos grados de polución plástica en las costas y cómo muchas veces la primera visita de los niños a la playa es para limpiarla.

8 millones de toneladas de plástico entran al océano por año. En el futuro tendremos más plástico que peces”, dijo la experta. “Este es un riesgo para la salud humana y hemos encontrado que las comunidades de color están más preocupadas por este tema que el resto de los californianos”.

California aprobó en noviembre la proposición 67, convirtiéndose en el primer estado en prohibir la venta de bolsas plásticas de un solo uso en supermercados.

Así como esta medida puede repercutir a la larga en playas más limpias, los investigadores recomendaron que el gobierno estatal aumente el transporte público a la costa, fomente la construcción de estacionamientos y alojamientos asequibles durante la noche y cree programas de subvención que ayuden a proporcionar oportunidades educativas y recreativas para familias de bajos ingresos y de clase media.

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