Es lógico que la decisión del presidente Joe Biden de resucitar el muy controvertido Programa de Protección del Migrante (MPP), mejor conocido como “Quédate en México”, haya sido recibida con decepción y malestar no sólo entre la comunidad de activistas migratorios, sino también entre legisladores de su propio Partido Demócrata.
Es verdad que el presidente actuó forzado por las circunstancias, específicamente por las decisiones de un juez de Texas y otro de Missouri, que lo obligaron a restablecer el programa heredado de la era Trump que ha empujado a más de 70,000 solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano.
Es de reconocerse que, gracias a las presiones de México, la administración del presidente Biden ofrecerá a los solicitantes elegibles servicios de salud, incluida la administración de vacunas contra el COVID-19, asesoría legal, atención especial a las comunidades más vulnerables, como la LGBTQ, y el compromiso de tratar de completar la revisión de los casos en 180 días, para lo cual asignará a 22 jueces migratorios.
Pero el malestar de activistas y legisladores no tiene que ver con las mejoras relativas del programa. La queja obedece a que el presidente no sólo no ha cumplido su promesa de restablecer un sistema integral de asilo digno y humanitario, sino a que decidió ampliar el programa a toda la frontera, así como al hecho de que lo extendió a todos los solicitantes del hemisferio occidental y a que no parece haber hecho un esfuerzo suficientemente serio resolver la asignación de casos de asilo con mayor celeridad.
Es decir, qué bueno que los solicitantes de asilo tendrán ahora una expectativa razonable de que sus casos podrán resolverse en un plazo preestablecido, a diferencia de la ansiedad provocada por la espera indefinida, pero se trata de un parche de política pública, que no corrige una deformación institucional para garantizar el cumplimento con su legislación doméstica, con el derecho internacional y con un principio fundacional de Estados Unidos.
Peor aún, la administración dejó intacto otro legado de Trump, la aplicación del Título 42 que permite la expulsión de migrantes bajo el argumento de la salud pública.
En particular llama la atención la crítica del presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, Bob Menéndez, un aliado del presidente Biden en el patrocinio del Proyecto de Ley de Ciudadanía 2021, que busca abrir la puerta de la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Sostuvo que se trata de la expansión de una “política inhumana” y que el presidente fue más allá de acatar una orden judicial. Claramente el exsenador Biden no buscó venderle la idea a su colega demócrata.
Es comprensible que los buenos deseos choquen con las realidades políticas. Nadie lo sabe mejor que Biden. Su agenda ha sido diluida por sus propios colegas demócratas. Pero en este caso se trataba de una acción legislativa que podía haberlo proyectado como el valiente humanista que echaría atrás el legado xenófobo de la era Trump. Aún tiene tiempo. La pregunta es si tiene la voluntad política.
Para más información visita www.laredhispana.com.
