Inmigrantes, primer objetivo de los estafadores

De izquierda a derecha, Kara Alba, abogada del Centro Comunitario de derecho el área de la Bahía, Maeve Elise Brown, directora ejecutiva de la Red de defensores de la vivienda y los derechos económicos y Thomas Dahdouh, director regional de la Comisión Federal de Comercio

Jenny Manrique /Especial para El Observador

María Magdalena Juárez contestó el teléfono y una voz al otro lado le dijo que por una deuda de $4000 le habían abierto un proceso judicial. Aunque María no le debía dinero a nadie, el impostor se hizo pasar por un funcionario de la corte y comenzó a llamarla repetidamente. El hombre llegó a amenazarla con quitarle su propiedad y enviarla a la cárcel si no le enviaba el dinero. María se disponía a enviar el giro postal, pero al consultarle a su hijo, éste encontró una información en Internet que le hizo sospechar que podría ser una estafa.

“Siempre que los consumidores se enfrenten a llamadas de alguien que insistentemente está cobrando un dinero, y que suena muy sospechoso, deben hacer una pausa y consultar a alguien en su familia o amigos”, dijo Edith Ramírez, presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC en inglés), quien compartió la historia de María durante una rueda de prensa sobre las estafas y fraudes que afectan a las comunidades de inmigrantes, organizada por New America Media.

“Si son víctimas de fraude, siempre deben venir a la FTC y presentar una queja (por teléfono o en línea), así podemos recopilar información y potencialmente iniciar una acción de cumplimiento de la ley y ser capaces de recuperar el dinero de los consumidores afectados”, añadió Ramírez.

La FTC es una agencia federal independiente que tiene una doble misión: proteger a los consumidores de “prácticas ilegales, injustas y engañosas”, y promover la competencia. Los abogados que trabajan en el campo de la protección del consumidor, han encontrado que las comunidades más impactadas por los fraudes son los inmigrantes y las de bajos ingresos.

“El lenguaje puede ser una barrera significativa y es por eso que los llamados ´fraudes de afinidad´ pasan muy a menudo dentro de nuestras comunidades”, explicó Ted Mermin, director ejecutivo del Centro de derecho ´Bien Público´. “Las personas que llaman a su puerta y hablar con usted en su propio idioma y le ofrecen un acuerdo que es demasiado bueno para ser verdad, terminan forzandolo a suscribirse a un servicio que nunca reciben o sobre el que nunca estuvieron de acuerdo en pagar $49.99 al mes. Eso sucede porque son miembros de la misma comunidad y lo que hay es un abuso de esa confianza.”

Mermin pone de relieve el hecho de que “todos somos consumidores” y que existe ayuda gratuita en diferentes clínicas legales en centros comunitarios y a través de coaliciones más amplias, como la Coalición de justicia al consumidor en California, que se centra principalmente en temas relacionados con la deuda de los consumidores.

De acuerdo con una investigación del Urban Institute en 2014, el 35 por ciento de los adultos con un historial de crédito, tienen una deuda sin pagar. Por tanto, no es sorprendente que esta sea el área en la que las agencias de protección al consumidor, incluyendo la Oficina del Ministerio Público de California, reciben más quejas. El Ministerio patrocinó el acto legislativo “Prácticas justas para la compra de deuda”, una ley que entró en vigor en enero de 2014 que requiere, entre otras cosas, que “todos los acuerdos de transacción entre un comprador de deuda y un deudor se documenten en audiencia pública.”

La promesa de una tarjeta de residencia

“Algunas de estas mismas empresas depredadoras que se dedican a prácticas de cobro de deudas injustas y engañosas, amenazan con denunciar a los individuos ante las autoridades de inmigración”, dijo Nicklas Akers, asistente del Ministerio Público de California en la sección de la ley del consumidor.

“Es muy importante que las personas que son víctimas de este delito se presenten a la oficina del Ministerio, de forma anónima si es necesario. Nosotros no vamos a denunciar a nadie ante las autoridades y al contrario estamos para ayudar a todos independientemente de su situación migratoria”, declaró Ackers.

El funcionario agregó que hay una “explosión” de estafas relacionadas con la inmigración donde los individuos prometen que pueden ayudar a los inmigrantes a través del Departamento de Seguridad Nacional para obtener una tarjeta verde. En muchos casos “les cobran el dinero por adelantado, no proporcionan los servicios deseados y luego usan amenazas de deportación para extorsionar a sus víctimas a pagar más dinero o para prevenirlos de que informen del fraude a la policía.”

Las agencias federales han identificado el aumento de las estafas notariales cada vez que hay noticias sobre posibles cambios en las leyes de inmigración, y por eso recuerdan que los notarios no son abogados, por lo que no están autorizados para ofrecer ayuda legal o cobrar para llenar formularios de inmigración que son gratuitos y están disponibles en diferentes idiomas.

Contratos sin traducción

En California, hay otra pieza de legislación útil para las comunidades de inmigrantes: la traducción a lenguas extranjeras de los contratos de consumo. La ley establece que una persona en un comercio o negocio, que negocia un contrato principalmente en español, chino, tagalo, vietnamita o coreano, “debe dar al consumidor una traducción escrita del contrato propuesto en el lenguaje de las negociaciones”.

“Un tipo común de estafa es la compra de un coche. Las negociaciones se llevan a cabo en chino pero el contrato está en inglés. Ellos empujan al cliente a firmar el contrato muy rápido y no le dejan tiempo para revisarlo. Así pueden incluir servicios adicionales que el cliente desconoce, o fijar un precio más alto para el coche del que originalmente se comprometió a pagar”, dijo Rose Chan, coordinadora de información al consumidor en la ong Acción del Consumidor.

Chan dijo que a través de su línea telefónica de denuncias, con frecuencia “se conocen casos que afectan a varias personas a la vez”. “Los consumidores son engañados a través de anuncios publicitarios, y también conocen la información a través del boca a boca. Así que si un amigo le dice ‘esto es un buen negocio, usted debe hacerlo’, seguro el individuo lo hará también. Hemos visto que así las estafas terminan alcanzando a grandes grupos de personas.”

100% garantizado

La publicidad engañosa es otra área donde las autoridades trabajan intensamente. Desde astrólogos hasta productos milagrosos para perder peso, pasando por oportunidades laborales que lo harán rico trabajando desde su casa, la exactitud de los mensajes es dudosa y casi nunca tiene respaldo en pruebas o datos reales.

“Recientemente hemos presentado una demanda contra la Universidad DeVry en relación con un mensaje engañoso e impreciso: que el 90% de sus graduados que buscan empleo activamente pueden conseguir trabajo en un lapso de seis meses después de su graduación”, explicó Thomas Dahdouh, Director Regional de la FTC, mientras mostraba el comercial de la Universidad Devry dirigido a la comunidad latina.

“Desafiamos este anuncio como publicidad engañosa. Los hemos denunciado ante una corte federal porque no tienen los datos para respaldar esa afirmación. Nuestro objetivo es conseguir que les devuelvan el dinero a los estudiantes que fueron perjudicados por el engaño”, agregó Dahdouh.

Colegios de garaje y con ánimo de lucro, así como fabricantes de diplomas de la escuela secundaria, comercializan sus servicios a las comunidades de inmigrantes, haciendo falsas promesas sobre la alta tasa de colocación en el mercado laboral, la transferibilidad de los créditos o los bajos costos de la matrícula.

“Hay señales de alerta, como escuelas que presionan a los estudiantes para inscribirse antes de que tengan la oportunidad de investigar el programa o confirmar la ayuda financiera. Los estudiantes tienen el derecho de cancelar el contrato, pero es difícil especialmente para los extranjeros que no saben sobre esto”, agregó Dahdouh. Como la acreditación de las instituciones educativas es un tema clave, los panelistas recomiendan consultar en el Departamento de Educación si las escuelas que ofrecen grados están bajo investigación y comprobar con los sistemas universitarios si los créditos otorgados por esas escuelas son válidos para el ingreso.

Una práctica discriminatoria

La lista de tipos de fraude es extensa y dada la crisis de la vivienda en el área de la bahía, no es sorprendente que haya un incremento de estafas en lo que tiene que ver con el rescate de deuda hipotecaria.

“No tenemos propietarios de vivienda en nuestra base de datos que no hayan sido estafados o  abordados por un estafador”, dijo Maeve Elise Brown, directora ejecutiva de la Red de defensores de la vivienda y los derechos económicos (HERA en inglés). “A pesar de que tenemos una ley estatal que prohíbe el cobro anticipado de tasas para la modificación de préstamo, a la gente le siguen pidiendo dinero por ese trabajo, que además, nunca es realizado”, explica Brown.

HERA presentó seis quejas en nombre de seis familias latinas diferentes que fueron abordadas por una organización llamada “Auditores de Préstamo de Vivienda”, con la promesa de salvar sus hogares y reducir sus pagos de hipoteca. “Todos ellos fueron abordados en español pero recibieron y firmaron documentación en inglés que les obligaba a pagar miles de dólares a esta persona, con la promesa de salvar a su bien más preciado”, agregó Brown.

“Denunciamos en la corte este caso bajo cargos discriminación, ya que uno de los aspectos claves por el que las personas resultan estafadas, tiene que ver con lo que son. Ellos son objetivo de los estafadores por ser personas de color, ancianos, mujeres o inmigrantes. Eso es discriminación”, dijo la defensora.

A pesar del gran esfuerzo de las autoridades y de defensores por castigar a los estafadores, a menudo se pierde su rastro y desaparecen con el dinero de las víctimas. “A veces es un desafío tratar de recuperar el dinero y dárselo de vuelta a de los consumidores”, reconoció Ramírez, presidenta de la FTC. “Es por eso por lo que la prevención es clave”, concluyó.

Puede encontrar más información en:www.consumidor.gov/

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